La legitimidad de un gobernante, de acuerdo con postulados de Max Weber, descansa en la credibilidad que los gobernados le otorguen. Y ésta depende de la eficacia del hacer gubernamental. Si la gente piensa que lo hace bien y entrega resultados palpables, su legitimidad crece. Pero si no hay frutos específicos, puede suceder lo contrario.
En discusiones sobre los maestros en México y América Latina —y en otras partes del mundo— se tiende a conceptuarlos en términos polares, héroes o villanos, como apunta Beatrice Dávalos, o como víctimas o culpables, según registró el bien recordado Juan Carlos Tedesco.
El artículo 26 de la Constitución asienta los principios de la planeación democrática, aunque se inspiró en cierto enfoque tecnocrático. Ordena que cada gobierno elabore un Plan Nacional de Desarrollo y programas sectoriales por dependencia. Establece guías, pero deja espacios de autonomía para introducir innovaciones o giros retóricos.
En mi artículo del domingo 28 de junio referí que, según la Secretaría de Educación Pública, se corría el riesgo de que alrededor de 800 mil alumnos egresados de secundaria no ingresaran a la educación media, que abandonarían antes de empezar.
¿Quién fuera a decirlo? En unas cuantas semanas la tuerca dio vuelta. En Nuevo León pasó y luego, tras una reconvención que la Secretaría de Gobernación aventó al Congreso local, el llamado pin parental no franqueó la puerta de entrada a la ley de educación local. Pero sí en Aguascalientes y por unanimidad, además.
El jueves 25, el equipo que dirige la Secretaría de Educación Pública tuvo una sesión virtual para evaluar las secuelas de un ciclo irregular (pandemia obliga) en la educación básica y prepararse para el futuro inmediato. Observé dos mensajes encontrados.
A río revuelto, ganancia de pescadores, reivindica un refrán que bien puede ilustrar el nudo de contradicciones en la matriz del sistema educativo. El coronavirus ataca duro en México; forzó cambios en el quehacer de la educación y provocó una mudanza que generó problemas e incertidumbre para el futuro.
En el Congreso de Nuevo León se desató un vendaval por la iniciativa del diputado del Partido Encuentro Social, Juan Carlos Leal, de introducir en la ley de educación local el “Pin parental”. Importó esos vocablos de Vox, una formación política española de corte ultraconservador. Implica que los padres pueden imponer vetos a lo que se enseñe en las escuelas.
Tanto la semana pasada como el miércoles de ésta la doctora Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, informó que dará a conocer el gabinete del siguiente gobierno federal, 2024-2030, hasta la próxima semana.
Es una verdad conocida que entre los grandes pendientes nacionales se encuentra el tema educativo. Más que un lugar común es una emergencia real, latente, que duele y que nos mueve a imaginar, proponer y actuar ahora, ¡no hay más tiempo!
En las mitologías existen monstruos de todo tipo; filósofos y científicos sociales recurren a ellos para crear metáforas y proponer ideas; como Hobbes con el Leviatán o Nietzsche con las palabras de Zaratustra. No obstante, el título de esta pieza se inspira en un artículo de Javier Sicilia en Proceso, de hace unos años. Pero no se refiere al Estado sino a otro ente: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
En Puebla, desde el 2015, se desarrolló la iniciativa de Comunidades de Aprendizaje CdA, proyecto formativo a cargo de Vía Educación A.C en México. Desde el año 2020, tuve el primer acercamiento con estos jóvenes entusiastas y profesionales que conformaban el equipo: Roberto Olvera y Sinaí Rojas, para después incorporarse Salma Vargas.
Según datos del INEGI, actualmente hay 4.98 millones de estudiantes de educación media superior en México. Entre los ciclos 2020-2021 y 2022-2023, la matrícula femenina aumentó en un 2.2%, mientras que la masculina disminuyó en un 2.3%. Las mujeres tienen una tasa de eficiencia terminal casi un 10% mayor que los hombres, mostrando una mayor permanencia y éxito escolar. Sin embargo, el primer año de bachillerato sigue siendo el periodo más crítico para el abandono escolar. En los ciclos de la pandemia (2019-2020 y 2021-2022), la matrícula disminuyó un 5.5%, lo que equivale a que unos 283,582 jóvenes dejaron de asistir al bachillerato.