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Las tasas netas de cobertura educativa en primaria alcanzan un máximo muy frecuentemente cercano al 100 por ciento de la población en edad para cursar únicamente a nivel de primer grado.

Las escuelas multigrado, es decir aquéllas donde un docente atiende desde uno hasta seis grados escolares de manera simultánea, tienen presencia en todos los niveles y modalidades educativas de nuestro país. Como se ha señalado reiteradamente en la literatura, forman parte estructural del Sistema Educativo Nacional (Schmelkes y Aguila, 2019). En particular, las ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación social enfrentan condiciones adversas en la prestación del servicio educativo. Hablamos de carencia de materiales curriculares y didácticos, falta de supervisión y acompañamiento, así como de personal de apoyo en las escuelas (INEE, 2019). A su vez, el profesorado adolece de procesos de formación continua situados en sus necesidades sentidas de profesionalización (Cano, Ibarra y Ortega, 2018).

En el marco de la presentación del ejemplar LI-2 de la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, diversos investigadores coincidieron que la escuela debe convertirse en un espacio para frenar y evitar los diversos tipos de violencia y no como un reflejo de descomposición social.  Durante la presentación titulada ¿Qué sentido tiene hablar de violencia en la educación?, Juan Carlos Silas Casillas, coordinador del Campo Estratégico de Acción en Modelos y Políticas Educativas (CEA-MOPE), explicó que, desafortunadamente, la vida cotidiana se ha enfrascado en entornos de violencia, donde la escuela no está exenta, donde los centros educativos dejaron de ser proyectos del país para convertirse en reflejos de la situación actual de la nación, por lo que es necesario comenzar a enfrentar los fenómenos de violencia, desde la convivencia.

La pandemia provocada por el Covid-19 reconfiguró la vida de la humanidad en lo global y en lo local; las interacciones sociales en diversos espacios se interrumpieron. En México, la institución escolar fue una de las primeras en reaccionar, con el cierre de alrededor de 274 mil escuelas que atienden a poco más de 33 millones de estudiantes en todos los niveles educativos y donde trabajan cerca de dos millones de maestros. Como es por todos sabido, esta situación agudizó aún más las ya de por sí enormes brechas educativas y tecnológicas, que afectan de manera más aguda a los sectores de mayor vulnerabilidad, en particular de las zonas rurales del país. 

Darciel Pasinato Universidade Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)  Membro de Rede Temática de Investigação de Educação Rural (RIER) El Observatorio del Derecho a la Educación y...

¿Qué cambios se configuraron en el sistema educativo con la pandemia del Covid 19, cuando la escuela se trasladó a la casa y los padres de familia apoyaron el rol de los docentes? ¿Cuáles fueron las estrategias que desarrollan los docentes para poder estar en comunicación con estudiantes y padres de familia que viven cierta precarización tanto en medios urbanos marginales, como en rurales e indígenas? O, planteada de otra manera, ¿por qué se hace necesario formar en los docentes rasgos que les permitan promover una mayor justicia social para poder desarrollarse en diferentes contextos y ante diversas necesidades y requerimientos? 

Durante la gestión de Juan Carlos Romero Hicks como director del Conacyt, se avaló que este consejo cubriera el 100% del estímulo a los investigadores nacionales de instituciones particulares de educación superior. Este estímulo fue producto de un convenio que se renovaba por mutuo acuerdo con cierta periodicidad, mediante el que las instituciones particulares y el Conacyt pactaban que la institución dedicaría a proyectos de investigación, el equivalente al monto del dinero que la federación otorgaba como estímulo a sus investigadores nacionales. Como un primer antecedente, es preciso mencionar que, al comparar, en términos proporcionales, el gasto que las instituciones particulares comenzaron a realizar en actividades y proyectos de investigación, no necesariamente es equivalente a la proporción de gasto en investigación vs estímulos otorgados a los investigadores en las universidades públicas.

La Constitución de 1991 afirma la diversidad étnica y cultural de Colombia, y la reconoce como Nación multicultural con la Ley 70 de 1993, que cimienta sus pilares en la admisión de la realidad cultural de las poblaciones afrodescendientes, clave del respeto a sus tradiciones, su historia común y su cultura.