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Aunque parezca una contradicción, en México vamos madurando en los temas referentes a la Primera Infancia. Ha sido un largo y trabajoso camino, pero en el último lustro se ha producido una notable convergencia entre los expertos en desarrollo, las organizaciones de incidencia en política pública, las fundaciones corporativas y los defensores de derechos de la infancia. Ese diálogo intenso ha decantado en multitud de programas y convenios de colaboración, que han cambiado el rostro del desarrollo integral en cuanto a promoción de la lactancia y del cuidado cariñoso y sensible, el aprendizaje con juego y la ruta integral de atenciones que corresponden a los menores de seis años, la rendición de cuentas sobre vacunación, la demanda sobre la calidad de la formación inicial y continua para los educadores de nivel preescolar.

En el proceso de transformación educativa, las reformas a las leyes llevan su tiempo, pero no es ni lineal ni automático el paso del texto legal al cambio de prácticas en el aula. Así que se requiere de un sano y sensato equilibrio: ni esperar cambios mágicos, pues lo significativo requiere de perseverancia, ni –en el otro extremo– decir que hasta dentro de 25 años sabremos si el asunto funcionó.

En los debates entre representantes de coaliciones y candidatos sobre el tema educativo, debemos poner a la luz, en su adecuada relevancia, en el desarrollo integral de la primera infancia (DIPI). El cartel de argumentos corre el riesgo de reducirse a la evaluación de los docentes y a la pobreza del contexto o de las escuelas mismas, pero no volteamos a ver con suficiente detenimiento lo que implican los primeros años de vida para las oportunidades de millones de mexicanos.

Corremos el riesgo de pasar del entusiasmo fundacional a una visión demasiado optimista por parte de las autoridades mayores de educación, con números alegres y con frecuencia poco atenta a las críticas y divergencias, para luego caer en un tirón inverso en el péndulo; es decir, una evaluación muy negativa del proceso que siguió a la reforma constitucional y legal, que habla de agravio y de molestia, pero que puede desconocer la evidencia.

Como sostenemos en “La Escuela que Queremos”, nuestro estudio sobre el estado de la educación en México (puede descargarse sin costo en www.mexicanosprimero.org), para que la transformación educativa sea real y consistente, sustentable y progresiva, necesita ser el proyecto social prioritario; es decir, el proyecto de todos, de los distintos grupos, y puesto en la lista de prioridades.

Las elecciones y sus campañas previas son momentos de oportunidad para los derechos de los niños; son también, si bajamos la guardia y no nos plantamos como ciudadanos críticos, una etapa de riesgo para que esos derechos queden expuestos a ser conculcados, minimizados o pospuestos.

Aprender es mi derecho y el de todos, de manera que estamos ante una sociedad en extremo bárbara cuando se desdeña o no se protege con vigor la educación de todas y todos, desde la más tierna edad. No puede tampoco darnos una falsa tranquilidad que existan leyes y decretos; puede que se hayan promulgado muy bonitas leyes de educación, inspiradoras y coherentes a su interior, pero saber que se incumplen sin remedio ni defensa puede ser muy decepcionante.

Nadie es ajeno al atractivo entrañable, feroz y abigarrado de Oaxaca. Minimizar sus peculiaridades o desestimar la legítima extrañeza ante su desbordante diversidad con el resto del país y al interior de sus regiones, sería una gran injusticia y una muestra de superficialidad ofensiva. Por el otro lado, hay quien ya hizo una industria –una próspera, con muchos millones de ganancias– de vender esta extrañeza. Son los que dicen: “aquí no funcionan los programas federales”, “acá la ley es relativa”, “el estado es ingobernable”, “sólo nosotros sabemos cómo (porque conocemos con quién)”.