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El viernes pasado tuvimos una larga y esperanzadora conversación con directores de preescolares y primarias públicas. Fue una gran oportunidad de “cacharlos haciendo el bien”. Por ejemplo, Eduardo nos habló con vehemencia de su trabajo sobre el ánimo de los docentes para dignificar y tener altas expectativas en los turnos vespertinos, a los que se apoya tan poco. Irma expuso cómo hizo para que su Centro de Atención Múltiple pudiera contratar psicólogos especializados y cómo ahora también asisten a las escuelas circundantes para apoyar a los maestros frente a grupo en el sistema “regular”. Se promovieron a directores por concurso de oposición, y reconocen en ese proceso la oportunidad de llegar al nombramiento sin palanca ni al final de su vida laboral. Subrayaron también lo importante que ha sido recibir el apoyo de la sociedad civil para su formación como líderes escolares, pues se encontraron sin preparación específica ni acompañamiento de inducción tras el concurso.

Pronto serán diez años que colaboro en El Financiero, tratando específicamente temas de educación. Cuando inicié, Carlos Ornelas y Manuel Gil eran las casi únicas voces que comentaban sobre educación, seguidos por Pedro Flores Crespo y uno que otro sobreviviente del Observatorio que inició Latapí.

En su Política para Amador, el filósofo Fernando Savater expone con mucho tino qué es lo que está errado en la sucesión dinástica que supone una monarquía, y por qué, con todos su bemoles, es mejor y más digno un sistema electoral competitivo para elegir a la cabeza del Estado. El asunto es que las virtudes y alcances de una persona, su destacado desempeño como líder, pueden no estar para nada presentes, o no en los niveles adecuados, en sus descendientes. La monarquía hereditaria nos quiso ahorrar -obvio, con gran ganancia para las pocas familias involucradas directamente- la inestabilidad del cambio, y para ello se permitió una alucinante concentración de poder y recursos para preparar a los sucesores, y que así –supuestamente- llegaran listos al puesto que era su destino. Amargamente descubrimos que la sucesión hereditaria trae más distorsiones que certezas, y que tener a alguien en una función vitalicia y con privilegios sucesorios, sin evaluaciones de desempeño que pudieran condicionar su permanencia, es sencillamente validar la tiranía.

Me encuentro con frecuencia -en diálogos en corto y en encuentros con grandes audiencias- con la pregunta: “¿Y ahora, qué va a pasar con la reforma educativa?”. Hay aprehensión por la posibilidad de lo que imaginan como suspensión o revocación, sea un golpe de reversa que pudiera “echar para atrás” lo logrado. Y de ahí, mis interlocutores hacen sus previsiones electorales, sobre la cercanía o lejanía de López Obrador, Meade y el aún innombrada/o candidata/o frentista, entre sí y de cara a la constancia de mayoría que los haría presidente.

Como escribí la semana pasada, hay una nueva oportunidad para avanzar en el Desarrollo Integral de la Primera Infancia (DIPI) en los países de América Latina y el Caribe, expresada por la firma –en Bogotá, apenas este 16 de noviembre pasado- de un pacto entre muchos actores. Además de intercambiar experiencias y darnos ánimos unos a otros, la Agenda Regional que acordamos tiene un objetivo preciso: dar visibilidad y tracción al tema, fortaleciendo la sostenibilidad de las políticas públicas.

Mucho cambió conceptualmente en nuestro país en 2013, cuando el Artículo Tercero dio un giro de precisión al señalar que la idoneidad de los docentes es garantía del derecho de cada niña y niño al máximo logro de aprendizaje. Es decir, se estableció en la Ley Suprema que no cualquier arreglo escolar cumple el deber de la sociedad, a través de los instrumentos colectivos del Estado, de proteger y asegurar el derecho a la educación. Por primera vez en la historia de nuestra nación se reconoce que cada niña y niño tiene derecho a contar con un/a maestro/a que sea educador profesional, una persona con el compromiso y capacidades para propiciar el aprendizaje. Pero en el diseño original, la formación continua antecede y corona la evaluación docente.

En Mexicanos Primero hemos sostenido que el principal instrumento de la política pública es el gasto. No es el único instrumento, pero justamente como tal, como herramienta y no como contenido de las tareas del gobierno, es su condición de posibilidad fundamental. No hay política pública, sino planes y programas fallidos si no hay fondeo adecuado y oportuno. La Constitución y las leyes pueden marcar mandatos inspiradores, pero el desmentido que le impone un gasto público insuficiente, ineficiente o capturado es más devastador que cualquier objeción discursiva. ¿Dices que te importa, que es una gran reforma? Por sus frutos se conocerá. Pero ¿cómo va a tener frutos una acción a cargo de las agencias del Estado, si no se pone el dinero en los procesos clave?

Uno de los posibles dilemas de la acción colectiva es el conocido como “tragedia de los comunes”. Es decir, algo que es un bien común pudiera, en determinadas circunstancias, irse deteriorando gravemente porque quienes intervienen en su disfrute pueden no captar la importancia de llegar a acuerdos explícitos o respetarlos; así, cada uno busca obtener una parte, ninguno se siente plenamente responsable (algo así como “lo que es de todos, es de ninguno”) y no tiene consideración de que otros se verán en dificultades si la acción no es solidaria, con un daño que en el largo plazo arruinará la fuente misma de ese bien deseable. En México, en incontables ocasiones, vivir en condominio, unidad habitacional o vecindad ilustra en micro esa lamentable situación.