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A últimas fechas se ha tendido a priorizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes a recibir una educación de calidad por sobre el derecho de otros actores, especialmente de los docentes. Al respecto, Katarina Tomasevski, quien fuera la primera Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, destaca que “el derecho internacional de los derechos humanos exige la afirmación y protección de todoslos derechos humanos de todos los actores claves en la educación”, lo cual, desde luego, incluye a los docentes. En consecuencia, el derecho a una educación de calidad para todos, involucra a los docentes de dos formas: a) como portadores de obligaciones, es decir, como responsables de hacer realidad la calidad de la educación que reciben los alumnos; y b) como titulares de derechos, esto es, como actores educativos cuyos derechos también deben ser respetados y protegidos.

Desde que en 2013 se dieron a conocer las bases reglamentarias de la reforma educativa — artículo 3º constitucional, Ley General de Educación, Ley General del Servicio Profesional Docente y Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación—, docentes pertenecientes o simpatizantes a la CNTE se manifestaron radicalmente en su contra, cali cándola de: 1) “laboral”, pues carecía de un sustento pedagógico o modelo educativo, 2) “punitiva”, ya que los resultados de las evaluaciones docentes tendría consecuencias negativas para los docentes, 3) ”neoliberal”, ya que provenía de una imposición de la OCDE, y 4) “privatizadora”, pues con ella se pretendía acabar con la educación pública.

El lector debe recordar que tanto el artículo tercero constitucional como la Ley General del Servicio Profesional Docente disponen que la evaluación es el mecanismo obligado para ingresar, permanecer, promocionarse y ser reconocido en el servicio público de educación. Para ello, se establecen dos tipos de evaluación: los concursos de ingreso y la evaluación del desempeño docente (ED).

Con mentiras, verdades a medias y pactos ocultos, se resolvió el conflicto de los maestros disidentes de Chiapas, en apariencia. Indico que la solución es figurada, porque tanto los movilizados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), como las autoridades estatales y federales sólo compraron tiempo.

El proceso de evaluación docente de educación básica, es inacabado y en proceso de perfeccionamiento, así como trascendental y provechoso para la mejora educativa si se plantea desde un enfoque integral y contextualizado.

La idea con la decidí iniciar estas líneas que, pretendo, inviten a la reflexión; la retomé del libro “Aprendices de maestros, la construcción de sí”, cuyos autores, María de la Luz Jiménez Lozano y Felipe de Jesús Perales Mejía, publicaron hace unos años con la intención de abordar un tema que me parece harto pertinente retomar en estos momentos en los que el escenario educativo se encuentra...

El pasado lunes comenzó a circular el documento “Evaluación de desempeño de docentes, directivos y supervisores en educación básica y media superior de México. Análisis y evaluación de su implementación 2015-2016”; elaborado por un grupo de expertos convocados por la Oficina Regional de Educación de la Unesco para América Latina y el Caribe (OREALC).

La cultura de la evaluación, sin más acotaciones, llegó a los Sistemas Educativos como un elefante que entra en una cacharrería, y lo hizo para quedarse.