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Los tiempos de la Ciencia no cuadran con los tiempos de la política. Desde la Organización Mundial de la Salud se advierte del riesgo que representa para la salud de la población mundial si se eliminan las restricciones que se tienen hasta el momento -la sana distancia y el confinamiento de la población-. Pero desde la esfera de la política, la vida transita por otras vías. Hay urgencia por reactivar la economía -a través de reabrir los negocios y las empresas de forma gradual-. Y se entiende, la Concamin advierte que cada día se están perdiendo alrededor de 20 mil empleos en nuestro país. Y esa cifra representa una cuesta arriba muy compleja de superar una vez que la pandemia haya pasado. De ahí el que haya urgencia por reabrir los negocios nuevamente. 

La pandemia del Covid 19 ha desnudado las debilidades estructurales de nuestro país en términos económicos y sanitarios. El “Quédate en casa” es un privilegio solamente para el 20% de los trabajadores. El resto tiene que salirle al paso, porque vive al día. No tiene opción. Y el sistema de salud llegó a esta contingencia sanitaria con un severo proceso de desmantelamiento producto de la política mercantilista que se le aplicó en todos estos años de política económica neoliberal. En ese sentido, en ambos rubros la pandemia nos agarró con los dedos en la puerta. Ni la economía mexicana ni el sistema de salud estaba preparado para una epidemia de esta magnitud. Y estamos pagando los costos. 

En las actuales circunstancias, los colegios privados son el eslabón más débil en el Sistema Educativo Nacional. Los padres de familia -con justificación en algunos casos, por haber perdido el empleo en esta coyuntura- están señalando que no van a pagar las colegiaturas porque no se les está ofreciendo el servicio a sus hijos. Lo anterior no es del todo así, los directivos de los colegios privados sabían que ese escenario se podría presentar una vez que el gobierno federal decretó la suspensión de las clases para evitar la propagación de la pandemia del Covid-19; por tal motivo, desarrollaron la continuación de las clases a través de actividades utilizando para tal efecto, la tecnología. Como a todos los centros educativos, este apagón pedagógico -para utilizar la expresión del académico Luis Bonilla-Molina- los agarró por sorpresa, pero los colegios privados -me parece- le han hecho frente de una mejor forma que en la educación pública debido a una serie de factores, dentro de los cuales destaca uno de ellos; esto es, el acceso a internet por parte de los alumnos. 

Vamos directamente al punto: Ubico tres inconvenientes para que funcione el “Quédate en casa” en México. En primer lugar, la epidemia ha venido a desnudar una serie de fragilidades que tenemos en nuestro país. Una de esas debilidades estructurales tiene que ver con la vulnerabilidad laboral en la que se encuentran miles -sino es que millones- de personas. Me refiero a esos miles de personas que viven al día y que tienen su fuente de ingresos en la venta diaria en un puesto de comida, en un puesto de ropa o algún otro tipo de changarro -una disculpa por utilizar un término de la era foxista-. A esas personas no les queda de otra más que salir a la calle a ganarse el pan, no tienen otra alternativa. 

Parto de un problema para contextualizar el objeto de análisis en el presente artículo. Si nos remitimos al discurso del Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell y al del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, inexorablemente nos tenemos que detener en un aspecto: los tiempos no cuadran entre ambos funcionarios. Mientras López-Gatell afirma que la pandemia del Covid-19 posiblemente se extienda hasta junio; en la SEP, Moctezuma Barragán, está planteando los tiempos como para que se reinicien las clases el próximo 24 de abril. ¿Y si la pandemia se recrudece y no se pueden reiniciar las clases para ese día? En términos reales, y lo digo con responsabilidad, lo conducente era que se hubiese trabajado para un escenario de ese tipo. Y, sobre todo, que se hubiese trabajado por lo menos los primeros quince días -de todo el mes de asueto- con los maestros, para planear el qué se va a hacer con los alumnos. En lugar de ello, se optó por incluir en el asueto (completo) a los maestros dejando un gran signo de interrogación respecto a lo que se va a hacer para el resto del ciclo escolar.

El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, anunció la suspensión de clases para todos los niveles a partir del próximo 20 de marzo hasta el 20 de abril. La medida se aplicará, señala Moctezuma Barragán, para reducir los niveles de contagio. La decisión es adecuada -aunque tardía e impertinente, la suspensión de clases debió de haber sido desde este martes-, sobre todo por la evidencia científica que se tiene a partir de los modelos matemáticos donde se evidencia el nivel de contagio que se puede generar en la población si no se controla la variable movilidad. En ese sentido, es una medida precautoria que ya se ha implementado en otros países desde hace un buen rato. Y aquí en México, inexorablemente en algún momento se debía implementar. 

El caso de Fátima ha cimbrado no solo a la opinión pública, sino a la estructura política e institucional -en su conjunto- que tiene como responsabilidad la de salvaguardar la integridad de las niñas y niños de este país. Para ello se ha constituido todo un andamiaje jurídico e institucional con el cual -en términos formales- se establecen las responsabilidades en los tres niveles de gobierno para “garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes” (Fracción III del artículo 1 de la Ley General de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes). 

En el artículo 8 de la reciente Ley General de Educación se establece que: “El Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia”. Y en la redacción del párrafo del mismo artículo, se establece la población prioritaria hacia la cual se debe orientar la prestación de esos servicios; esto es, a “quienes pertenezcan a grupos y regiones con  mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria (…), o relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales” (p. 4).