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En algún momento el extinto Fidel Castro Ruz durante su discurso en la reunión del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) celebrada en La Habana el 2 de diciembre de 1998, ironizó al afirmar los niños mexicanos conocían más sobre Micky Mouse que sobre los “héroes de su patria”. Textualmente, su discurso fue el siguiente:  “Ustedes pueden hacer la prueba. Le pueden preguntar a muchos niños, por ejemplo, a muchos niños mexicanos, quiénes fueron los padres fundadores de la patria y es posible que muchos no lo sepan, pero sepan en cambio quién es Micky Mouse, quiénes son todos los personajes principales de los dibujos animados procedentes de Estados Unidos; y lo mismo pasa con América Latina. Es una verdad que conduce a una pérdida tremenda de la identidad” (La Jornada, 9 de diciembre de 1998). 

Cuando se habla de educación privada universitaria, se suele orientar el análisis sobre la parte regulatoria y la expansión de la matrícula que ha tenido lugar en este tipo de universidades desde fines de la década de los ochentas. Para el caso de lo primero, se ubica el RVOE como el instrumento regulatorio con el cual se ha pretendido fincar una política pública hacia las instituciones privadas. En ese sentido, se ha afirmado por parte de varios autores, que este instrumento ha sido poco eficaz para garantizar la calidad educativa en este tipo de instituciones. Eduardo Navarro va más allá, al señalar que “el RVOE es un instrumento desarticulado de una política pública formal; a pesar de que su implementación se ha asociado al problema público de la calidad, en sentido estricto no está anclado en los objetivos y estrategias diseñados para su resolución de dicho problema” (Educación Futura, 14 de octubre de 2016). 

Parto de un hecho: la grave situación financiera en que se encuentran 11 universidades públicas en México, las sitúa en una condición de debilidad política frente al gobierno federal. Condición que al parecer pretende aprovechar la Secretaría de Educación Pública a través de la SHCP para establecer un “cambio estructural” a las autoridades universitarias, el cual se traduce -según ha trascendido- en un “estricto programa de ‘disciplina financiera’. Condición que en su momento señaló el presidente López Obrador a propósito de las manifestaciones que se presentaron por parte de trabajadores universitarios de 24 universidades públicas en el mes de diciembre con respecto a la discusión del presupuesto del presupuesto público del 2020. En esa ocasión, el presidente señaló que las universidades tendrían que ser “austeras” en el 2020 y que se les iba a aumentar el presupuesto con base al porcentaje de la inflación del 2019; esto es, que no se les iba a dar más presupuesto. Tienen que ajustarse con lo que hay. 

Celebramos el hecho de que se declare que la Educación Superior en México va a asumirse en este gobierno con una perspectiva de Estado. No obstante, no queda claro por parte de los responsables en la materia, de qué se habla cuando se habla de una política de estado, ni tampoco qué implica lo anterior en términos de política educativa. Por tal motivo, se debe revisar lo que se establece en el anteproyecto de Ley General de Educación Superior para analizar el alcance de la perspectiva de estado que se está planteando. 

El pasado 12 de agosto se publicó un artículo de un servidor en este espacio el cual se intitulaba “¿Vamos hacia una estatización de la educación?”. En ese texto, un servidor hacía eco de las declaraciones del empresario educativo Américo Ferrara, dueño del Instituto Brillamont, en San Pedro, Nuevo León, el cual planteaba como escenario la “nacionalización de la educación en México”. En este texto un servidor que no había condiciones -hasta el momento- para estatizar la educación en México; pero sí existía -y existe- un “temor” entre los empresarios de la educación para que se vaya perfilando un escenario hacia ese propósito

La realidad financiera está poniendo los pies en la tierra al presidente. Una realidad para nada sencilla: De acuerdo con el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, después de cubrir los compromisos que por ley se deben de cubrir -el presupuesto para los Estados; el pago de intereses de la deuda[1]; las pensiones; los órganos autónomos; y las Empresas del Estado- resta solamente el 18% del total de presupuesto para repartirse entre las diversas Secretarías. Y de ese 18%, la prioridad se sitúa -siguiendo al Secretario de Hacienda Arturo Herrera- en tres temas: a) En los Programas de Bienestar; b) La Seguridad; y c) En el rescate de PEMEX. En esta perspectiva, la educación es prioritaria en cuanto a los programas sociales. Es ahí donde se pone el acento.

La apuesta que realiza el gobierno federal en torno a garantizar el derecho a la educación en México es correcta. El número de niños, adolescentes y jóvenes que se quedan fuera del sistema educativo nacional es sustantiva. Y las condiciones contextuales y familiares tienen un peso fuerte en la explicación de las diferencias en el acceso y la permanencia en la escuela y en el logro educativo. Las familias en el decil más alto concentran 62% de los ingresos y aquellas en el más bajo, apenas el 0.4% (INEE, 2018, p. 21). Este contexto es el que explica la política social de López Obrador y sus Programas de Bienestar. Se busca que el niño, el adolescente y el joven tenga un sitio en la escuela y que las condiciones socioeconómicas no sean un obstáculo para que eso tenga lugar. 

El presente artículo tiene vasos comunicantes con los hechos ocurridos en días pasados en Culiacán, Sinaloa; pero no se detiene ahí. Esos hechos son dramáticos, en efecto; pero son una pieza más en la cronología de la violencia que se vive en México desde hace más de dos décadas. Una era de violencia que nos ha descompuesto como sociedad y que amenaza incluso con balcanizar algunas regiones del país.