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El argumento de los diputados, de los senadores de Morena y del propio Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, es que, frente a las críticas de la oposición, recomiendan leer primeramente la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Señalan que es falso que vaya a haber “pase automático” de los normalistas en lo referente al otorgamiento de plazas y, sobre todo, que es totalmente falso que la CNTE vaya a tener control de esas plazas. Y para tal efecto, recurren -para sustentar lo anterior- a lo que se establece en el párrafo sexto, séptimo y octavo del artículo 3 constitucional donde se afirma que habrá “evaluación diagnóstica para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional”; que la rectoría del Sistema para la Carrera de los Maestras y Maestros corresponderá a la Federación; y que “La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección (…) los cuales serán públicos, transparentes y equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje”. 

La política es un juego de equilibrios, y eso es a lo que le apuesta el gobierno federal en lo referente a la CNTE, busca equilibrios. Y eso se alcanza a través de la negociación política. No hay otro camino. Pero lo que se equilibra en política, se desequilibra en la educación. La agenda de la CNTE se contrapone a cualquier proyecto educativo nacional.

Parto de tres ejemplos  para contextualizar el análisis: 1) El Jefe del Ejecutivo plantea un proyecto de gobierno que denomina “Cuarta Transformación”, el cual no lo deja en claro desde el inicio y en el camino se le han ido agregando un conjunto de interpretaciones hasta alcanzar un grado tal de ambigüedad que ahora el concepto es tan amplio que se le puede agregar cualquier buena intención que se observe en el ejercicio de gobierno

Hace unos días publicamos un artículo en este mismo espacio donde señalamos que había preocupación en los actores de la educación privada respecto al proyecto educativo del gobierno federal. Y esa preocupación tenía que ver con tres aspectos: En primer lugar, con el sentido de las leyes secundarias que se están discutiendo en la Cámara de Diputados; en segundo lugar, con el modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana -donde se ofrece poca claridad sobre el rumbo de ese modelo-; y, en tercer lugar, con un “escenario de empoderamiento” de la educación pública en detrimento de la educación privada. Para el caso de este último punto, citamos en el artículo al empresario Américo Ferrara, dueño del Instituto Brillamont, en San Pedro, Nuevo León, el cual llega a afirmar en una entrevista -a un medio de comunicación- que la tendencia en la actual administración federal es la “nacionalización de la educación. 

Con la reforma del artículo 3 constitucional del 15 de mayo del 2019, se establece que la educación en México se basará en el “respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva”. Lo anterior implica una educación en valores (cívicos), uno de los aspectos mayormente señalados en el discurso institucional del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, cuando se trata de hablar de los cambios que se tienen con el nuevo modelo educativo en México. 

En días pasados circuló en la prensa nacional una entrevista a Américo Ferrara, dueño del Instituto Brillamont, en San Pedro, Nuevo León. En esa entrevista, se señala que la tendencia en la actual administración federal es la “nacionalización de la educación” dado que, a decir de este empresario, “se pretende homologar la propuesta educativa con la propuesta pública” y con ello se busca “quitar libertad a los papás de decidir en qué tipo de colegios quieren estar o qué tipo de educación privada quieren recibir (para sus hijos)”. Y se agrega como ejemplo lo siguiente: “si un colegio pretende incorporar un programa de educación en la fe, pues ahora no se va a poder tener; si yo tengo un programa de mecatrónica y si no está dentro del currículo de la nueva Ley Federal de Educación, no lo vas a poder tener” (Multimedios, 7 de agosto del 2019). 

Parto de lo siguiente: cuando la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados señala que la iniciativa de Ley General de Educación del Grupo Parlamentario de Morena es un “proyecto “de ley programática” puesto que “parece presentar las directrices del Programa Nacional de Educación de esta administración, más que ser una ley general que regule la distribución de la función social educativa”,[1]  en realidad no solamente está criticando la iniciativa enunciando que se tiene un marco de improvisación y ambigüedad en la ley, sino al mismo tiempo está criticando en términos ideológicos el planteamiento del proyecto educativo que se está impulsando en esta administración.

La educación, como todo proceso social, requiere de planeación estratégica para alcanzar determinados objetivos y metas en el mediano y largo plazo. En el caso de México, por las limitaciones temporales que contiene el régimen de gobierno presidencial -apenas seis años- la planeación se circunscribe al mediano plazo. Y en esas condiciones, es obligado establecer prioridades para generar cambios sustantivos -en ese periodo- en el sistema educativo nacional. Y desde nuestra perspectiva, la prioridad en este gobierno debe ser la educación primaria. Y lo afirmo por lo siguiente: