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Entre las atribuciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) descritas en la fracción IX del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que el Instituto, como coordinador del Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), además de realizar evaluaciones y emitir lineamientos para regular aquellas que realicen las autoridades educativas, le corresponde: “Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social”.

No una, sino diez ocasiones se ha reformado el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 1917 a 2016. Estas reformas han dado lugar a la estructura y dimensión de la educación obligatoria actual, a partir de cinco hitos fundamentales: 1) la definición de sus principios históricos fundacionales: educación pública, gratuita y laica, así como de su orientación democrática y hacia la convivencia humana; 2) el crecimiento de la escolarización obligatoria que ahora cubre desde la educación preescolar, hasta la media superior; 3) la distribución de la función social educativa, que establece el marco legal de atribuciones entre los diferentes órdenes de gobierno; 4) el reconocimiento del enfoque de derechos que pone mayor énfasis en la atención de los grupos más vulnerables, y 5) la incorporación de una característica más a la educación obligatoria con la reforma de 2013: el ser de “calidad” ―definiéndola como el máximo logro de aprendizaje de los alumnos―, asignando al Estado la obligación de garantizarla.