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Si la propuesta es la impostergable necesidad de cambiar —mediante un proceso de diálogo responsable y plural— los procesos académicos, administrativos y del gobierno en la UNAM, es preciso que, desde el inicio, la forma apunte al fondo.

La reducción establecida en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 es muy preocupante. Los recortes para universidades de los estados, instituciones tecnológicas públicas y, sobre todo, escuelas normales representan serios obstáculos para el cumplimiento del propósito de incluir en la educación superior a todas las personas que tienen derecho a ella y de fortalecer a las instituciones dedicadas a la formación de nuevos docentes.

Desde hace semanas se trabaja en la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020. Procesos de planeación, gestión y diseño tienen lugar en las instituciones, entidades y en las secretarias de Estado. Son especialmente relevantes la interacción y negociaciones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con recambio de titular, que habrá de integrar el PPEF que se presentará a la Cámara de Diputados.

En las pasadas semanas se ha discutido, dentro y fuera de la academia, sobre los ingresos de profesores e investigadores de universidades, centros y otras instituciones de educación superior (IES) públicas. En muchos casos las discusiones han sido parciales y poco informadas, motivadas por la aplicación de recortes en algunas instituciones y se han exacerbado con reportes de prensa confusos y rumores en redes sociales.

Por décadas las instituciones de educación superior (IES) y los centros de investigación públicos han estado sujetos a políticas restrictivas y vaivenes del financiamiento federal. En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se reconoce que Durante el periodo neoliberal el sistema de educación pública fue devastado por los gobiernos oligárquicos; se pretendió acabar con la gratuidad de la educación superior, se sometió a las universidades públicas a un acoso presupuestal sin precedentes.

Durante las pasadas semanas han circulado múltiples versiones de un presunto acuerdo, entre los grupos parlamentarios y la Secretaría de Educación Pública (SEP), para orientar el dictamen de las comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, sobre la iniciativa del Ejecutivo Federal para la modificación de los artículos tercero, 31 y 73 de la Constitución. El dictamen es imprescindible para continuar con el proceso legislativo sobre este tema en la Cámara de Diputados y en la de Senadores.

Las instituciones de educación superior (IES) públicas de México –universidades, tecnológicos, normales e interculturales– tienen historias, tradiciones, orientaciones académicas, regímenes legales y fines diferentes. Algunas son centenarias y otras fueron establecidas en las pasadas décadas. Casi todas desarrollan actividades de docencia, investigación y extensión en distintos grados, con propósitos más o menos especializados, con proyección y alcances nacional, estatal, regional o local.

Autonomía, gratuidad, obligatoriedad y excelencia fueron los puntos en que Imanol Ordorika, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, basó su ponencia sobre la reforma educativa en la Cámara de Diputados. Durante la tercera Audiencia Pública convocada por la Cámara de Diputados para analizar la Iniciativa de reforma educativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con representantes de Escuelas Normales y Educación Superior, el investigador de la UNAM expuso la propuesta de que la ley exprese con claridad que el Estado mexicano imparte Educación Superior y ésta incluye a las instituciones a las que la ley otorga autonomía, y están obligadas a ser gratuitas y a participar de un proyecto de educación obligatoria.