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La desigualdad educativa disminuye las oportunidades y priva a las personas de participar en el desarrollo social, destacó con la representación de la consejera presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Teresa Bracho González, el director de Análisis de Indicadores de este organismo autónomo, Héctor Figueroa Palafox.

Para la gratitud, todo tiempo es el adecuado. Para decir gracias nunca es tarde, nunca es apresurado, siempre es oportuno el momento presente. Por eso, aunque estamos en una coyuntura candente por las campañas políticas y por las fases críticas de la implementación del modelo educativo; en medio de las amenazas de paro de la sección 22, de las volteretas para estar listos en las escuelas para la autonomía curricular, en medio de las discusiones para la aplicación del reglamento de Normales, vale la pena hacer una pausa y darle gracias a Margarita.

Del paquete normativo aprobado en 2012-2013, en el marco de la reforma educativa impulsada por el presidente Peña Nieto al inicio de su gestión, probablemente el punto de mayor controversia era el de sujetar la permanencia en la plaza docente al resultado que se obtuviera en una evaluación periódica de desempeño.

El 7 de mayo la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) presentó en conferencia de prensa Educación para la democracia y el desarrollo de México, “un conjunto de reflexiones… cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento del Sistema Educativo Nacional”. Responde a la pregunta que titula esta colaboración, desde una perspectiva fundada en las capacidades personales de los consejeros y el trabajo del Instituto durante los años recientes.

Toda política educativa debe poner el acento en dos áreas fundamentales: priorizar desde la escuela la formación cívica y ética del alumno ante la crisis de convivencia social y formar personas que posean las capacidades para desenvolverse satisfactoriamente ante los desafíos de la producción, el trabajo y la democracia, destaca el documento La educación para la democracia y el desarrollo de México, presentado  por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Como bien sabemos, con la “reforma” educativa que puso en marcha el gobierno de Peña Nieto, dos instancias cobraron singular importancia en el medio educativo en México; me refiero, como parece obvio, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD); dos instancias, repito, que cobraron singular importancia dado que la responsabilidad que se les confirió no fue menor: asegurar la calidad de los aprendizajes a través de la evaluación educativa; y, para el logro de tal propósito, se les dotaron de facultades que, bien a bien, no han logrado operar dadas las injerencias de las decisiones políticas que, como veremos más adelante, dificultan y enrarecen el ya de por sí intricado Sistema Educativo Mexicano (SME). Veamos.

La Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), ha elegido a Teresa Bracho González, como presidenta consejera de este organismo autónomo, quien entrará en funciones a partir de este 2 de mayo, sustituyendo a Eduardo Backhoff Escudero, quien concluyó por ley con su periodo como consejero.

La reciente publicación del INEE, La educación obligatoria en México. Informe 2018 (véase) reporta, con amplitud de datos y series estadísticas, un balance sobre el estado del sistema educativo nacional en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior. En el informe se examinan ocho aspectos: contexto, acceso y permanencia, infraestructura y equipamiento, gestión docente, calidad del currículo, convivencia escolar, logro de aprendizajes, y financiamiento federal al sector educativo.