Desde hace años, la comunidad maya que se encarga de la reserva del mono araña en Punta Laguna, Quintana Roo, formó un colectivo para aprender inglés para recibir turistas de todo el mundo.
La estrategia que tienen es que juntan su dinero, envían a un miembro de su comunidad a un curso de inglés en Cancún, y esta persona regresa a la comunidad a compartir sus aprendizajes.
Y así, van rotando quien asiste al curso, pero la idea es clara: utilizar sus recursos para que todos puedan aprender algo identificado como una necesidad en su comunidad.
Cuando pensamos en educación, diseñamos política educativa, cuando trazamos prioridades y líneas de acción, y a la hora de implementar, es de vital importancia preguntarnos, “¿qué necesita un niño para no sólo estar en la escuela, sino también aprender y participar?”.
En una sociedad desigual, la educación representa la única posibilidad para millones de niñas, niños y jóvenes a tener una vida distinta. Es la base para la construcción de una sociedad más incluyente, equitativa y participativa.
Realizaremos esta aspiración cuando aseguramos que todas y todos: 1) lleguen a la escuela listos para aprender y permanezcan en y transiten por ella en tiempo y forma (15 años de educación obligatoria); 2) aprendan lo que quieren y lo que necesitan; y 3) participen como constructores activos de su propia experiencia educativa. Estar, aprender y participar es lo que exige el derecho a aprender.
Casi desde su aprobación en 2013, la Ley General de Servicio Profesional Docente (LGSPD) ha ganado atención por sus posibles consecuencias laborales relacionadas con la evaluación de desempeño. Cinco años después se habla de derogar esta ley y reemplazarla por “algo mejor”, de nuevo, principalmente por vincular la evaluación con la permanencia en el trabajo.
Dentro de un contexto de mucha incertidumbre en el sector educativo, un punto nos debe quedar claro. La evaluación del desempeño docente como está implementada hoy en día “se va”. Menos certeza tenemos sobre qué seguirá después de su cancelación.
La semana pasada, presentamos en este espacio una aspiración compartida por 124 organizaciones de sociedad civil: que todas las niñas, niños y jóvenes de México se encuentren y se desarrollen al máximo en una escuela que sea una comunidad de aprendizaje. Proponemos cuatro ejes de acción para poder construir juntos esta visión de escuela. Hoy me gustaría concentrarme en el primero de estos: respetar y promover a las maestras y maestros de México.
Tanto la semana pasada como el miércoles de ésta la doctora Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, informó que dará a conocer el gabinete del siguiente gobierno federal, 2024-2030, hasta la próxima semana.
Es una verdad conocida que entre los grandes pendientes nacionales se encuentra el tema educativo. Más que un lugar común es una emergencia real, latente, que duele y que nos mueve a imaginar, proponer y actuar ahora, ¡no hay más tiempo!
En las mitologías existen monstruos de todo tipo; filósofos y científicos sociales recurren a ellos para crear metáforas y proponer ideas; como Hobbes con el Leviatán o Nietzsche con las palabras de Zaratustra. No obstante, el título de esta pieza se inspira en un artículo de Javier Sicilia en Proceso, de hace unos años. Pero no se refiere al Estado sino a otro ente: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
En Puebla, desde el 2015, se desarrolló la iniciativa de Comunidades de Aprendizaje CdA, proyecto formativo a cargo de Vía Educación A.C en México. Desde el año 2020, tuve el primer acercamiento con estos jóvenes entusiastas y profesionales que conformaban el equipo: Roberto Olvera y Sinaí Rojas, para después incorporarse Salma Vargas.
Según datos del INEGI, actualmente hay 4.98 millones de estudiantes de educación media superior en México. Entre los ciclos 2020-2021 y 2022-2023, la matrícula femenina aumentó en un 2.2%, mientras que la masculina disminuyó en un 2.3%. Las mujeres tienen una tasa de eficiencia terminal casi un 10% mayor que los hombres, mostrando una mayor permanencia y éxito escolar. Sin embargo, el primer año de bachillerato sigue siendo el periodo más crítico para el abandono escolar. En los ciclos de la pandemia (2019-2020 y 2021-2022), la matrícula disminuyó un 5.5%, lo que equivale a que unos 283,582 jóvenes dejaron de asistir al bachillerato.