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En 10 meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la promesa de transformar la educación se ha traducido en una nueva reforma educativa, con cambios al Artículo Tercero constitucional y ahora, en una discusión de la legislación secundaria que busca aterrizar con mayor detalle los ejes de los cambios prometidos.

Tras la promulgación de la reforma constitucional en materia de educación el pasado 15 de mayo, las autoridades educativas federales y los diferentes grupos parlamentarios en San Lázaro —con excepción del PAN— han trabajado en distintas propuestas del marco jurídico que el Congreso tendrá que aprobar a más tardar el 12 de septiembre, cuando se cumpla el plazo de 120 días (hábiles) para emitir la legislación secundaria en esta materia.

Es importante presentar un primer análisis detallado sobre la distribución de los recursos propuestos para educación —con el fin de distinguir ganadores y perdedores en la asignación presupuestal— y tener así los primeros elementos que evidencien si existe una congruencia entre las promesas gubernamentales en esta materia o si hay contradicciones que cuestionan algunos de los compromisos educativos por parte de la autoridad federal. Al tratarse del primer presupuesto de una nueva administración, esta revisión, además, puede también delinear cuáles son los contrastes en los énfasis de política educativa entre gobiernos, para identificar diferencias y posibles coincidencias.

Si las condiciones educativas terminan definiendo el destino de un país, las nuestras nos están condenando. Pese a reconocer que todos los mexicanos tienen el derecho a la educación, el acceso a la escuela aún sigue condicionado por el lugar de nacimiento. Por ejemplo, el 36% de los niños que nacieron en una comunidad rural no asiste a la escuela, lo mismo sucede con 36% de los niños indígenas, el 44% que tiene una discapacidad o el 85% que son hijos de jornaleros agrícolas (INEE, 2018). No sólo eso, de los 14 millones de estudiantes que están en la primaria, 6 de cada 10 egresarán con grandes deficiencias en matemáticas y español, rezagándose tres años respecto a los alumnos de sistemas educativos con mejor desempeño como Corea del Sur o Finlandia (OCDE, 2016). Probablemente sólo 7 de cada 10 lleguen a media superior y sólo 5 la concluyan. Otros 3 ingresarán a la universidad, pero sólo 2 concluirán. Al terminar sus estudios, todos se enfrentarán al reto de insertarse al mercado laboral, pero pocos contarán con las habilidades necesarias para hacerlo exitosamente.

El pasado 31 de octubre, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, acudió a la Comisión de Educación del Senado para explicar, conforme a lo mandata el artículo 93 constitucional, detalles de lo reportado por el gobierno federal en el informe de labores que se presentó el 1 de septiembre.  Un ejercicio que debiera representar un espacio mínimo para la rendición de cuentas, en el que los representantes de los estados fueran capaces de entablar diálogos críticos y constructivos sobre los principales avances y retos de la política educativa. Sin embargo, en las4 horas y 33 minutosque duró la comparecencia del secretario Nuño fueron escasos los cuestionamientos que buscaron entender a cabalidad el estado que guarda hoy la reforma educativa y los demás aspectos de la política en esta materia.

El 20 de julio pasado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó su propuesta pedagógica, que, dice, constituye una transformación profunda del modelo educativo. La propuesta se recoge en tres documentos: 1) Carta sobre los fines de la educación en el siglo XXI, 2) Modelo educativo 2016 y 3) Propuesta curricular para la educación obligatoria 2016.

El Plan Escuela al Centro que anunció la SEP pareciera tener buenas intenciones, aunque falta que se detalle cómo se implementará, porque surgen muchas dudas al respecto, señaló el investigador Marco Fernández.

Deben existir consecuencias administrativas y penales para aquellos comisionados sindicales y autoridades gubernamentales que violaron la ley por dar y recibir dinero por las tareas sindicales, aún cuando la misma ley lo prohíbe puntualmente, asegura Marco Fernández.