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En sesión privada, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó revocar el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias (CQyD) del Instituto Nacional Electoral (INE) que negó el retiro provisional del promocional denunciado, identificado como “¿Y si los niños fueran candidatos?”. 

La pieza es una forma de hacer presente a los niños ante una discusión en la que fácilmente se los olvida, porque no son votantes ni apoyos electorales. Cuando se cuestiona que aparezcan niños, nosotros cuestionamos que NO hayan aparecido en las preocupaciones reales de algunos que cortejan el voto.

Recientemente cuestionamos a Andrés Manuel López Obrador por su expresión de desconfianza “a todo lo que llaman sociedad civil”. Lamentablemente, no está solo el candidato en esa visión, todavía de fuertes acentos estatistas–gobiernistas (es decir, que confunde lo público con “lo de gobierno”) y poco convencida de la dinámica de la democracia participativa.

Como sostenemos en “La Escuela que Queremos”, nuestro estudio sobre el estado de la educación en México (puede descargarse sin costo en www.mexicanosprimero.org), para que la transformación educativa sea real y consistente, sustentable y progresiva, necesita ser el proyecto social prioritario; es decir, el proyecto de todos, de los distintos grupos, y puesto en la lista de prioridades.

El derecho de aprender va mucho más allá de lo que el Estado puede proporcionar y el concepto de escuela va más allá de eso. Hablar del derecho de aprender no es solo atender a los cinco lineamientos centrales que menciona Jennifer O´Donoghue (Mexicanos Primero 2013) en su artículo: la igualdad y la discriminación, la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y adaptabilidad. Tenemos que entender que este derecho no se refiere solo a contar con infraestructura de la mejor calidad y a lo más innovador en recursos tecnológicos.

En la Primera Infancia, de los cero a los 5 años de edad, ocurre a los seres humanos un proceso paradójico: nunca se aprende tanto y con tan profundas consecuencias como en esta etapa, y resulta a la vez un periodo de casi total dependencia.

En su Política para Amador, el filósofo Fernando Savater expone con mucho tino qué es lo que está errado en la sucesión dinástica que supone una monarquía, y por qué, con todos su bemoles, es mejor y más digno un sistema electoral competitivo para elegir a la cabeza del Estado. El asunto es que las virtudes y alcances de una persona, su destacado desempeño como líder, pueden no estar para nada presentes, o no en los niveles adecuados, en sus descendientes. La monarquía hereditaria nos quiso ahorrar -obvio, con gran ganancia para las pocas familias involucradas directamente- la inestabilidad del cambio, y para ello se permitió una alucinante concentración de poder y recursos para preparar a los sucesores, y que así –supuestamente- llegaran listos al puesto que era su destino. Amargamente descubrimos que la sucesión hereditaria trae más distorsiones que certezas, y que tener a alguien en una función vitalicia y con privilegios sucesorios, sin evaluaciones de desempeño que pudieran condicionar su permanencia, es sencillamente validar la tiranía.

La Asociación Civil Mexicanos Primero advierte que el ex titular de la Secretaría de Educación Publica, Aurelio Nuño deja varios pendientes en la dependencia, específicamente en la implementación de la transformación educativa.