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Garantizar el derecho a la educación de niñas y niños minimizando las posibilidades de contagio de COVID 19, es el problema de política pública al que se da respuesta el lunes 3 de agosto con la firma pública de la colaboración entre el gobierno y las empresas televisaras del país.  Este acto, si bien sorprendió a muchos por un aparente “cambio ideológico” en el contenido de las políticas educativas del actual gobierno, otros lo valoramos como la consecuencia del aprendizaje que da la experiencia de gobernar.

El pasado 7 de mayo el secretario de educación declaró en la Junta Nacional Virtual con la Comisión de Educación de la COPARMEX, que “las estrategias implementadas durante el periodo de aislamiento, servirán para el futuro de la educación en México”, idea que con seguridad expone sin ignorar que estas estrategias evidenciaron la inequidad persistente en las escuelas de las zonas marginadas del país, según el INEGI, en 2019 el 92.5% de los hogares contaron con televisión y el 56.4% con conexión a internet, pero en los hogares del estrato económico bajo, lo datos son poco optimistas, el 83% tiene televisión y sólo el 19% cuenta con internet.  Sin duda la SEP está ya preparando un plan para reducir la inequidad tecnológica, sea con equipos de cómputo o sea con televisores, y posiblemente se esté considerando también la importancia del acceso a la red de internet, punto sobre el que me parece debe centrarse la estrategia, si se desea obtener de todo esto un aprendizaje para las políticas educativas del futuro.

El decreto para la extinción de los fideicomisos sin estructura, surge en el contexto de la emergencia sanitaria que le da la oportunidad al gobierno federal de asirse de hasta 110 mil millones de pesos adicionales para las políticas contingentes que se desprenden de la pandemia actual.