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Ahora que estamos en temporada de huracanes, vale la pena hacer el recuento de lo que alguno de estos fenómenos naturales nos trajo. A veces es sólo agua que humedece el terreno, en ocasiones son vientos que dañan o incluso, en otras, el saldo consiste en cosas inservibles que bloquean los caminos. A cinco años de la instrumentación del conjunto de normas que conocimos como la Reforma educativa, es prudente hacer un corte y analizar brevemente lo que este fenómeno nos dejó.

Entre México y Colombia se pueden encontrar muchas coincidencias. En ambas naciones existen contrastes importantes entre los asentamientos urbanos y rurales y, como también sucede en otros países de la región, los segundos enfrentan retos particulares de ausencia de infraestructura, inseguridad, pobreza y falta de oportunidades de desarrollo laboral. Además, los estudiantes rurales suelen tener menos acceso a oportunidades educativas y menores logros académicos que sus pares de zonas urbanas, sobre todo en los niveles de educación inicial y preescolar, así como en educación media o bachillerato (OCDE, 2016; INEE, 2017).

Es indudable constatar la realidad del Sistema Educativo de Chile en cuanto a su diseño, caracterizado por una enseñanza asignaturista, para cursos simples, y donde lo que prima es un currículo prescrito muy centralizado y poco pertinente a contextos de diversidad, como el caso de la escuela rural con aulas multigrado. Esta realidad implica, por cierto, la aplicación de un modelo urbano a la escuela rural, donde muchas veces, los y las docentes que desarrollan su tarea educativa en estos contextos tienen una sobre-carga pedagógica que no se compara con los que trabajan en escuelas urbanas (Mandujano 2006; Salazar, 2014).

Actualmente, Cuba es la única nación latinoamericana donde todos los niños y adolescentes no se sienten abandonados a su suerte y pueden asistir a establecimientos escolares, independiente de su origen social. En particular, las escuelas rurales multigrado reciben por parte del Estado una atención particular a partir de sus características, como la lejanía a las ciudades o ubicación en zonas montañosas e intrincadas, de costas y playas, de forma tal que no se establece una diferenciación en la dotación de recursos con respecto a la escuela de la ciudad, como sí ocurre en muchas regiones de América Latina.

A inicios de 2013, a través de un decreto presidencial, se realizó una reforma al artículo tercero constitucional, lo que devendría en el punto de partida y sustento jurídico de la Reforma Educativa que desde entonces ha generado tantos desacuerdos, tensiones y encontronazos en el sistema educativo, sobre todo, entre las y los docentes y las autoridades educativas.

La educación rural en Chile incluye a las escuelas básicas multigrado y con primaria completa, educación secundaria de carácter técnico-profesional, educación de jóvenes y adultos en zonas rurales, educación comunitaria y educomunicación, y es parte inherente y activa de los territorios en que se emplazan. La escuela rural no tiene “entorno”, no tiene “contexto”, no tiene “medio”: ella es parte de ese mismo territorio en un entrelazado de vínculos y relaciones de mutua dependencia que no permite discriminar límites fijos o nítidos.

A propósito del proceso electoral que se lleva a cabo en nuestro país, este año 2018 trae consigo el relevo político presidencial en otros países latinoamericanos como Costa Rica, Paraguay y Colombia. Si bien el contexto nacional y sistema educativo de cada país marca claras diferencias en el panorama de la educación, se observan problemáticas comunes, por mencionar algunas, México y Colombia se encuentran en el 33º y 34º   lugares (respectivamente) de 35 países de la OCDE en el indicador de gasto anual en instituciones educativas por estudiante. Muy por debajo de la media y resaltando que el 60% de ese gasto, es destinado a egresos administrativos y burocráticos (Fundación Santillana, 2018).

Con la Reforma Educativa del año 2013 se realizaron cambios sustanciales a los procesos de ingreso, promoción y permanencia de los profesores de educación básica y media superior.  Dicha Reforma no ha estado exenta de cuestionamientos e incluso oposición, entre otras razones, por desarrollar “medidas punitivas” hacia el magisterio. Es decir, por las consecuencias laborales, como la pérdida del empleo o el no acceso a estímulos salariales, de acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño docente.