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Derivado de los cambios constitucionales que se realizaron a principio de este sexenio en materia educativa, quedó explícito en el artículo tercero constitucional que las y los profesores “tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional” (Art. 3°). Esto representa el reconocimiento de la formación continua de los profesores como aspecto fundamental para la mejora de la educación formal; no obstante, hacerlo explícito en la Constitución es sólo el primer paso. 

En el análisis de las distintas líneas de acción interesa el diseño y hechura de la política educativa, la forma como se comunica y los significados que construyen los actores educativos desde una perspectiva sociohistórica, en el entendido de que esto permitirá visibilizar las continuidades, discontinuidades y rupturas de las políticas educativas en México. También interesa recuperar las experiencias de otros países y regiones del mundo que puedan dar luz a las acciones educativas, con especial énfasis en las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Con la inquietud de contribuir a la configuración del perfil de desempeño docente para la escuela rural, se realizó una revisión a la literatura para indagar sobre los conocimientos profesionales que debe tener todo educador en esos contextos.

El futuro nos duró muy poco: el complejo panorama profesional de los egresados universitarios

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

La pandemia provocada por el Covid-19 reconfiguró la vida de la humanidad en lo global y en lo local; las interacciones sociales en diversos espacios se interrumpieron. En México, la institución escolar fue una de las primeras en reaccionar, con el cierre de alrededor de 274 mil escuelas que atienden a poco más de 33 millones de estudiantes en todos los niveles educativos y donde trabajan cerca de dos millones de maestros. Como es por todos sabido, esta situación agudizó aún más las ya de por sí enormes brechas educativas y tecnológicas, que afectan de manera más aguda a los sectores de mayor vulnerabilidad, en particular de las zonas rurales del país. 

Tras más de 40 años, el pasado 20 abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Educación Superior (LGES) (DOF, 2021), que sustituye a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior de 1978. Este hecho en sí mismo es de celebrarse, dada la patente necesidad de reformar una ley que quedaba corta y fuera de contexto ante las actuales circunstancias de la educación superior.

Entre otras circunstancias, el descontento generalizado de la población rural por al carácter centralizado de la Ley General de Educación de 1994 y las marchas campesinas que reclamaron mayor atención a las necesidades sociales de este segmento de la población, contribuyeron a que en 2000 (y durante casi 10 años) el Ministerio de Educación Nacional implementara el Proyecto de Educación Rural (PER), el cual articuló nueve programas educativos flexibles para responder a las variadas necesidades de la población rural colombiana. Los costos de la iniciativa alcanzaron la cifra de 120 millones de dólares, de los cuales el Banco Mundial aportó 50%, el Gobierno Nacional 37% y las Administraciones Municipales beneficiadas el 13% restante (Rodríguez, Sánchez y Armenta, 2007). En la siguiente tabla se pueden apreciar los programas articuladores de este proyecto.