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A partir de los años veinte del siglo pasado, con la escuela rural mexicana se comenzaron a construir escuelas en las localidades rurales del país. Los recintos escolares empezaron a ser parte de la vida diaria de estas localidades y poco a poco se convirtieron en edificios tan importantes como el de la iglesia o el municipio, lo que se reflejaba en la dedicación que los campesinos ponían en la construcción de sus escuelas, en muchas ocasiones. siendo la mejor construcción de todo el poblado (Pérez, 2014, p. 107). 

La educación representa una vía de desarrollo social para los pueblos. Sea formal o informal, ha encarnado el medio para fortalecer las sociedades. Incluso, en muchos casos, se ha convertido en un reducto para defender los Derechos Humanos y no ser sometidos por quienes ostentan el poder. 

El desarrollo profesional de los docentes que laboran en escuelas de educación  básica ha sido tema prioritario en las políticas educativas de las últimas décadas; no obstante, las estrategias y acciones derivadas de tal primacía, encaminadas a tener impacto nacional, no han sido pertinentes para atender de manera cabal a los docentes que trabajan en contextos rurales e indígenas. 

A fin de lograr una mejor calidad de vida para los menores indígenas, la educación que se les prodiga debe vincular la equidad con la calidad. Para ello es importante cubrir sus necesidades básicas, y en el marco de los derechos humanos, se reconoce que el acceso al agua de calidad es indispensable para el sano desarrollo de las personas. El propósito de este trabajo, por ello, es describir los factores que influyen en el rendimiento escolar en la educación rural indígena, en relación con su derecho de acceso al agua. 

El Plan Nacional de Desarrollo (2019) señala que en Estados Unidos viven poco más de 12 millones de migrantes mexicanos, la mitad de ellos indocumentados y hacia los cuales, en muchos de los casos, se observan prácticas infrahumanas en el mundo laboral e injusticia social y educativa. De acuerdo con Honneth (2007, 2010), el olvido y el menosprecio hacia la otredad o la diferencia genera un agravio moral en las sociedades del capitalismo moderno, particularmente en el terreno de la migración, que es tolerada y permitida entre los países centrales y periféricos.

En México, a dos días de finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto, el tercer secretario de Educación de su gobierno, Otto Granados, al igual que el director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Alfredo Llorente Martínez, informaron que la tasa de analfabetismo se redujo a 4% mediante el comunicado 311 y en el marco de la 43 sesión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu). Este hecho propició que éstos y otros políticos y funcionarios educativos solicitaran izar la “bandera blanca” en nuestro país y en diversas entidades federativas, como resultado de esta disminución, ya que para la Unesco basta con el 4% o menos de la población de 15 años o más que no sabe leer ni escribir para designar un lugar “libre de analfabetismo”. De allí la afirmación de considerar a nuestro país, según estos funcionarios, como una nación “plenamente alfabetizada”.

En México, la mayoría de los niños que viven en el medio rural y que egresan de la escuela primaria pueden continuar estudiando la secundaria –en la modalidad de telesecundaria– en sus propias comunidades o en localidades cercanas a éstas. La transición de un nivel educativo a otro coincide con el inicio de su adolescencia. En esta oportunidad, quiero centrar mi atención en el derecho de estos adolescentes a la educación y a su relación con el trabajo de los maestros de telesecundaria. La educación secundaria en nuestro país se imparte a través de cinco tipos de servicios: general, técnica, telesecundaria, comunitaria y para trabajadores. Cada uno de ellos tiene un modelo educativo particular. En el caso de la telesecundaria, que surge en 1968 con el propósito de atender a los habitantes de regiones alejadas de los centros urbanos y con baja concentración demográfica, se pensó en el empleo de la televisión para transmitir programas de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje.

La narrativa que surge en la última década sobre los procesos migratorios en Estados Unidos ha estado atravesada por la coyuntura política, social y económica de los países de destino y de origen de la población migrante mexicana. La literatura al respecto, en la última década, se ha configurado en un mapa de eclosión de organizaciones sociales y agrupamientos de base de las comunidades migrantes que demandan un posicionamiento político por parte del campo de la academia.