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El proceso de reforma educativa que comenzó a finales de 2018 y que se materializó en 2019 aún no culmina. Es turno de los ámbitos estatales de reformar sus legislaciones locales para armonizar sus leyes educativas al nuevo artículo tercero constitucional y a sus nuevas leyes reglamentarias (Ley General de Educación, Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la Ley Reglamentaria del Artículo Tercero Constitucional en Materia de Mejora Continua de la Educación). En el caso de Oaxaca, el congreso local se ha propuesto armonizar las leyes locales con la reforma educativa de 2019 entre marzo y abril del presente año. Ante este escenario, ha reaparecido en la agenda local, impulsado por la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO) como modelo base que rija los componentes y la lógica de las leyes educativas reglamentarias en el estado. Por lo tanto, este contexto lleva a cuestionar ¿qué es el PTEO? ¿cómo surgió? y ¿cuáles son sus objetivos? Para comprender los retos venideros en el sistema educativo local.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es un instrumento de planeación del poder ejecutivo federal, que tiene como objetivo principal establecer las prioridades a resolver del gobierno en turno. Estas prioridades se plasman en el documento en forma de ejes generales, objetivos, metas e indicadores, que deberán guiar y ajustar las acciones gubernamentales, de tal manera que la acción pública parta de una lógica causal; ante los problemas públicos identificados como prioritarios, habrá una serie de acciones y decisiones sistemáticas que intentarán resolver dichos problemas.

El rumbo de una política y, por consecuencia, las decisiones, acciones y estrategias que de ella emanan, responden indiscutiblemente a una problemática definida y construida por los actores principales que están interesados en el tema. En el caso de la política educativa, es posible identificar como interesados a: docentes, alumnos, madres y padres de familia, gobiernos locales, gobierno federal, organizaciones no gubernamentales especializadas en temas educativos –tanto nacionales como internacionales–, académicos, especialistas, sindicatos y aquellos otros actores que, en función del grado en que se beneficien o se afecten sus intereses, se pronuncian a favor o en contra de las políticas a implementar.

El 12 de diciembre de 2018, el titular del ejecutivo federal envió a la cámara de diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De dicha iniciativa, es necesario analizar los preceptos jurídicos que, de ser aprobados, se traducirán en la nueva política educativa.

En este proceso político en el que la izquierda mexicana ha llegado a la silla presidencial, han surgido una serie de interrogantes. En términos de política pública, la incertidumbre versa en saber bajo qué criterios se definirán los problemas públicos a resolver, quiénes serán los aliados, bajo que condiciones, cuáles serán las rutas de mejora y qué instrumentos de política se utilizarán.

El Nuevo Modelo Educativo (NME), presentado en un acto simbólico con los principales actores del sector educativo, dejó muchas dudas y cuestionamientos en torno a dos principales temas: 1) sobre los cambios realizados a la primera propuesta que se sometió a discusión mediante foros y consultas; Y 2) sobre el impacto real que tendrá el NME en la resolución del problema público en materia educativa que se debe resolver: la baja calidad de la educación en México.