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Recientemente ha aparecido el número 1 de la revista Reformas y Políticas Educativas (RPE), revista trimestral editada por el Fondo de Cultura Económica (FCE). De dicho número me llamó la atención el artículo titulado ¿Qué tan útiles son las experiencias de los Sistemas Educativos de Alto Desempeño? De Wong Ee Lee, Ee Long Lo y Sin Kong Lee. En dicho artículo se trata de vincular la experiencia acumulada de los sistemas educativos llamados de alto desempeño con lo que otros autores les llaman “sistemas exitosos” con relación a los que no lo son.

Dadas las “ideas peregrinas” que flotan en el ambiente internacional y que empujan la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y otras instituciones intergubernamentales, la noción de aprendizaje —más aún, comunidades de aprendizaje— estarán presentes en el discurso del modelo. La idea de transitar del énfasis en la enseñanza a poner vigor en el aprendizaje está sembrada en las apuestas de política educativa de México, al menos desde el Programa para la modernización educativa 1989-1994. Se ha replicado en los proyectos de los gobiernos subsecuentes.

Ante esta pregunta el gobierno respondió con un impresionante despliegue de recursos y de protagonismo de los dos titulares de la SEP que han desfilado por dicha secretaría. Se hicieron ajustes a la ley, se modificó el esquema para incorporar y garantizar la carrera académica de los nuevos y también de los viejos docentes y por último, se reforzó el organismo encargado de promover y cuidar el elemento central de dicha propuesta de reforma: la evaluación del desempeño docente.

Una evaluación apresurada, desconectada de la práctica en las aulas y su diversidad, no confiable y punitiva: pared maciza que, de no saltarse, amenaza deportar a la profesora o al maestro al desempleo, aunque tuviese, antes, derechos que se anularon retroactivamente. Salvando las distancias, evidentes, entre los dos procesos, en la crítica a lo que sucede en el norte se cuela el reflejo, la semejanza, de una modalidad de acción del gobierno en nuestro país, cuyo denominador común es proponer a un chivo expiatorio, sin hacerse cargo de la diversidad de factores que concurren en un problema social, y su propia responsabilidad, para luego ofrecer ladrillos que aíslan, en lugar de puentes para avanzar. Ahí está su semblante.

El proyecto enviado por Venustiano Carranza al Congreso Constituyente, que sesionó en 1916 y 1917, formulaba la garantía del derecho a la educación conforme a la siguiente fórmula: “Habrá plena libertad de enseñanza; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, y gratuita la enseñanza primaria superior y elemental, que se imparta en los mismos establecimientos” (Artículo Tercero de la Iniciativa de Ley Constitucional, citado por Félix F. Palavicini en Historia de la Constitución de 1917, tomo I, pág. 175). La iniciativa del Ejecutivo Federal mantenía el postulado de libertad de enseñanza, pero añadía la obligación de laicidad para la educación pública y la gratuidad en la enseñanza básica.

Las buenas noticias no son noticias, reza un adagio que no sé si se lo crean los periódicos y los periodistas. Este lunes, Excélsior publicó, justo bajo el rubro de “Buenas noticias”, un reportaje edificante que nutre el optimismo. En breve. Rigoberto Javier Vargas Calderón, Javi, de 33 años de edad, es un joven adulto que tiene parálisis cerebral desde los 20 días de nacido y quien concluyó la educación primaria con un promedio de 9.5. Lo hizo en el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos. Pero el apoyo de su madre y cuatro hermanos fue fundamental.

Las reformas estructurales impulsadas en el presente sexenio se muestran en la recta final de esta administración como medidas que intentan abordar los problemas nacionales de manera apresurada y de forma más vistosa que efectiva.

De acuerdo con el Maestro Pablo Latapí, no se puede ejercer ninguno de los derechos civiles, polí ticos, sociales, económicos o culturales sin un mínimo de educación, por lo que recibir educación se constituye en un derecho consagrado en nuestra Carta Magna, la cual se encuentra apenas a 17 días de cumplir sus primeros cien años de vida.