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Como decía Cantinflas, “vamos, por ejemplo, supongando y, claro, desde luego, puestos en el caso”, que la reforma educativa se lleve a cabo, sin falla, de acuerdo a su propia lógica. Hacerlo así permite advertir desaguisados ocultos tras las recurrentes, y ocurrentes, frases con las que la impulsan artífices y asociados a la madre de todas las reformas. El corazón de la reforma, dicen, es la asignación de los puestos para el trabajo docente con base, exclusivamente, en el mérito.

A nivel central en nuestro país, el rumbo educativo ha tenido una serie de desatinos que no permiten definir un rumbo para que la política educativa encuentre el camino por el cual se habrá de transitar para lograr un verdadero cambio en términos educativos y pedagógicos.

Después de la reciente comparecencia del Secretario de Educación, Aurelio Nuño, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados, algo es evidente: la disonancia que existe entre el discurso y la realidad a la que miles de profesores se enfrentan a diario. Y es que mire usted, afirmar la existencia de un escenario educativo transformado como el que fue expuesto en voz de este funcionario, nos remite a pensar y repensar las complejidades por las que atraviesa el Sistema Educativo Mexicano (SME) pero, también, el Sistema Político.

Aunque no han terminado las dificultades que enfrenta la implementación de la reforma de la educación, parece que sí están amainando. Debido a que todo el tiempo se ha tratado de un problema de la relación entre Constitución y vida social, entre la formalidad de la norma y su realización como vivencia, como criterio y reglas de acción, ello ha puesto de manifiesto la capacidad real del gobierno para cumplir y hacer cumplir la Constitución, como dice el texto que se utiliza en las tomas de posesión de alguna responsabilidad originada en el voto popular o en la designación por autoridad constituida.

l ruido que se hace en torno a la educación parece tener muy poco que ver con la formación real del alumno. Al igual que el enorme desgaste burocrático desplegado en los últimos años. Y es un secreto a voces que la presión para producir indicadores de calidad produce exactamente eso: indicadores de calidad. Mas no una mejor formación del alumno. Al contrario: cuando el dinero, el tiempo y los esfuerzos se consumen para todo lo que acompaña el proceso educativo, faltarán donde más falta hacen: en el aula. Si el maestro dedica cada vez más tiempo y energía para cumplir con tareas administrativas (además de no contar con la seguridad laboral necesaria), esto, forzosamente, tiene un impacto negativo en sus clases y, por ende, afecta al acto educativo en su esencia.

A lo largo del tiempo en que se han desarrollado acciones específicas que tienen que ver con la aplicación de la (erróneamente llamada) reforma educativa, la comunidad académica y el magisterio en general, hemos manifestado nuestro descontento porque, lejos de ser benéfica, ha representado un ejercicio obsesivo compulsivo que lesiona los derechos laborales.

A últimas fechas se ha tendido a priorizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes a recibir una educación de calidad por sobre el derecho de otros actores, especialmente de los docentes. Al respecto, Katarina Tomasevski, quien fuera la primera Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, destaca que “el derecho internacional de los derechos humanos exige la afirmación y protección de todoslos derechos humanos de todos los actores claves en la educación”, lo cual, desde luego, incluye a los docentes. En consecuencia, el derecho a una educación de calidad para todos, involucra a los docentes de dos formas: a) como portadores de obligaciones, es decir, como responsables de hacer realidad la calidad de la educación que reciben los alumnos; y b) como titulares de derechos, esto es, como actores educativos cuyos derechos también deben ser respetados y protegidos.

Desde que en 2013 se dieron a conocer las bases reglamentarias de la reforma educativa — artículo 3º constitucional, Ley General de Educación, Ley General del Servicio Profesional Docente y Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación—, docentes pertenecientes o simpatizantes a la CNTE se manifestaron radicalmente en su contra, cali cándola de: 1) “laboral”, pues carecía de un sustento pedagógico o modelo educativo, 2) “punitiva”, ya que los resultados de las evaluaciones docentes tendría consecuencias negativas para los docentes, 3) ”neoliberal”, ya que provenía de una imposición de la OCDE, y 4) “privatizadora”, pues con ella se pretendía acabar con la educación pública.