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La crisis sanitaria que ahora azota a la humanidad tiene el mérito de poner a prueba todos aquellos aspectos relacionados con las “seguridades” sobre las cuales se cimentaron la vida personal, la vida social y las innumerables creaciones resultantes.

Según lo contemplado en el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), este país suscribe “tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos”. Entre éstos está el Derecho a la Educación. En el mismo texto constitucional, el artículo 3 refiere que: “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”. 

En Cuba, al igual que en otros países, se discute acerca del término ruralidad. En muchas ocasiones se asume la definición de la Enciclopedia Colaborativa Cubana (2013:140), en la cual se establece que lo rural “se localiza a grandes distancias de la zona urbana y se caracteriza por el gran espacio de zona verde que se usa para las labores de agricultura, ganadería, agropecuaria, agroindustria, caza, entre otras actividades que logren abastecer de comida y materia prima a las grandes ciudades. Asimismo, se caracteriza por la baja densidad de la población en correspondencia con los habitantes del país”.

La presente administración retiró el financiamiento para proyectos de la RIER recientemente y se augura que la austeridad continuará durante el resto del sexenio. Por ello, las actividades de la red han tenido que limitarse a sesiones en línea y diseño de cursos a distancia. No obstante, la Doctora Lucila Galván Mora instó a “no dejar que las circunstancias nos desmotiven”. 

El desarrollo profesional de los docentes que laboran en escuelas de educación  básica ha sido tema prioritario en las políticas educativas de las últimas décadas; no obstante, las estrategias y acciones derivadas de tal primacía, encaminadas a tener impacto nacional, no han sido pertinentes para atender de manera cabal a los docentes que trabajan en contextos rurales e indígenas. 

La reciente modificación al artículo 3º constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019, adopta el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, a fin de garantizar que las personas, niños, jóvenes y adultos, ejerzan su pleno derecho a la educación (DOF, 2019).

La Red Temática de Investigación de Educación Rural (RIER) demandó asignar "recursos suficientes y de manera continua para las Escuelas Normales Rurales".