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El 17 de julio fue dado a conocer el documento Resumen de objetivos para la renegociación del TLCAN, elaborado por la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés). La USTR, adscrita a la Oficina Ejecutiva del Presidente, es la agencia gubernamental responsable de orientar las negociaciones comerciales de rango internacional. Esa capacidad a su vez es regulada por la Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act de 2015.

La condición de crisis sistémica que se vive en Venezuela, simultáneamente económica y política, pero también social e institucional, ha suscitado un nivel de conflicto pocas veces visto en la región latinoamericana. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (www.observatoriodeconflictos.org.ve), en los últimos cuatro meses del año han ocurrido 6,729 manifestaciones de protesta, desde luego de distinto alcance y cobertura territorial. Las entidades con el mayor número de protestas son el Distrito Capital, Miranda, Lara, Táchira y Mérida, lo que significa que el conflicto está presente tanto en zonas urbanas como rurales, y combina las áreas de mayor pobreza con aquellas en que predominan los sectores de ingresos medios y altos.

En la segunda mitad de los setenta del siglo pasado, la colaboración entre la SEP y la ANUIES dio lugar al diseño de una fórmula de coordinación del sistema de educación superior del país basada en la articulación de un conjunto de instancias de planeación, cuya materia de trabajo sería la generación de proyectos de nivel nacional, regional, estatal e institucional. Dicha fórmula se designó Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior (SINAPPES) y generó la Comisión Nacional de Planeación de la Educación Superior (CONPES), los Consejos Regionales de Planeación de la Educación Superior (CORPES), las Comisiones Estatales de Planeación de la Educación Superior (COEPES), y las Unidades Institucionales de Planeación (UIP). El SINAPPES tuvo una existencia efímera, aunque algunos resultados trascendieron. Al día de hoy las COEPES, con cierta diversidad de formas de operación, se mantienen en los estados y en la mayoría de las universidades públicas se crearon unidades institucionales de planeación.

Una de las críticas más socorridas sobre el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) es que esta forma de reconocimiento y por lo tanto de autorización a cargo de la SEP, las autoridades educativas estatales y algunas instituciones públicas autónomas, no refleja en realidad la consecución de niveles aceptables de calidad académica sino, en todo caso, la satisfacción de los requerimientos elementales (personal docente e infraestructura) para brindar programas de estudio de nivel licenciatura.

La norma vigente del Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de tipo superior fue publicada en julio de 2000 y registrada como Acuerdo Secretarial SEP-279. Este acuerdo, según se indica en la sección de antecedentes, fue elaborado con la participación y consenso de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, la FIMPES. El marco de referencia del mismo reconoce dos antecedentes: primero, el convenio de colaboración SEP-FIMPES

Aún está en proceso de revisión por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria la propuesta de la SEP para renovar el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de tipo superior. Es de esperarse, sin embargo, que pronto sea promulgado el nuevo acuerdo, quizás con algunas modificaciones menores. Salvo que ocurra algo inesperado, el nuevo RVOE está a la puerta.

En el ámbito científico y universitario mexicano iniciamos la transición hacia los sistemas de retribución económica basados en el desempeño individual (pay for performance) con la creación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 1984. Este obedecía, según sus promotores, al propósito de aliviar el decaimiento de los ingresos de los académicos dedicados a la investigación, y facilitar su retención en las universidades y los centros de investigación del país.

Aunque había antecedentes, la intención de colocar los procesos de evaluación al centro de la gestión de la educación superior en México cobró nuevas relevantes a partir del Programa para la Modernización Educativa (1989-1994). En el PME se incluyó, a propuesta de ANUIES, el lineamiento de impulsar la calidad de la educación superior mediante procesos de evaluación interna y externa de las instituciones. Esta idea se concretó inicialmente en la creación de la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA, 1989).