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El Modelo Educativo (ME) que la SEP propone implantar en el sistema de educación obligatoria a partir de agosto de 2018, argumenta como una de sus mayores innovaciones la autonomía curricular, a través de la cual, se argumenta en la propuesta, las escuelas contarán “podrán adaptar los contenidos educativos a las necesidades y contextos específicos de sus estudiantes y su medio.” (ME, pág. 27-28).

El proyecto de establecer un campus en la ciudad de Querétaro de la Universidad Estatal de Arkansas (ASU, por sus siglas en inglés) avanza viento en popa. Si los cálculos son correctos, podrá abrir sus puertas en agosto de este año. Será la primera universidad estadounidense con sede en México y se plantea como una alianza público-privado en el campo de la educación superior.

Comenzó a circular esta semana la versión final del documento “Modelo educativo para la educación obligatoria”, bajo el lema “Educar para la libertad y la creatividad”. El texto consiste en un volumen de 216 páginas y se desglosa en cinco grandes apartados: el planteamiento curricular, la escuela al centro del sistema educativo, formación y desarrollo profesional de los maestros, inclusión y equidad, y la gobernanza del sistema educativo.

Quizá porque el culto a los símbolos de la nación ha caído en desuso y ha dejado de formar parte de las estrategias de promoción del Estado y de las fuerzas que integran el tablero político del país. Tal vez porque el cúmulo de noticias sobre los problemas, riesgos y amenazas que enmarcan nuestra coyuntura ocupa el centro de la atención pública.

En la historia de México han ocurrido diversos proyectos para ofrecer educación a la población indígena. En la primera mitad del siglo XX predominó una visión de corte integracionista, presente en las variadas iniciativas de castellanización y de incorporación de los niños y niñas indígenas al currículum oficial de la educación básica.

En Estados Unidos está ocurriendo un interesante debate que se pregunta en cuál administración presidencial ha ocurrido el mayor número de deportaciones de inmigrantes indocumentados. La polémica no es nueva, ni mucho menos. El 30 de julio de 2012 la revista Forbes publicó un artículo de Alex Nowrasteh titulado “President Obama: Deporter-In-Chief” en el que argumenta que el gobierno, en sentido contrario al de las declaraciones del Ejecutivo sobre la prioridad de una amplia reforma migratoria, en los hechos había recrudecido las prácticas de deportación hasta alcanzar cifras históricas, superiores a las de cualquier otra gestión presidencial. El mismo argumento es reiterado en 2014 por el diario The Economist, cuya edición del 8 de febrero incluyó un editorial con el mismo título de la primera presentación, aunque con cifras actualizadas (véase).

Nada, con la mala noticia de que el viernes pasado murió León Olivé Morett, notable académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero, sobre todo, buena persona. Filósofo, aunque no pedante, combinación más bien rara en nuestra hoguera de vanidades. Olivé personificaba, como pocos, las posibilidades de intersección del pensamiento científico con el discurso de las humanidades.

Pues ya está. El domingo pasado se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el texto de la Constitución Política de la Ciudad de México. La fecha de publicación coincide, esa era la intención, con el primer centenario de promulgación de nuestra Constitución federal. Hace un año, el 29 de enero de 2016, se dieron a conocer el grupo de reformas constitucionales a través de las cuales la capital de la República adquiría diversas facultades, atribuciones, responsabilidades y fórmulas de administración y gobierno compatibles con las correspondientes a los estados de la Federación.