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La reforma curricular de la educación primaria, secundaria y formación de docentes implantada a partir de 1960, que incluía la recomendación del Consejo Nacional Técnico de la Educación (Conalte) de articular la enseñanza de materias conforme a áreas de conocimiento, no rindió los frutos esperados. Por varias razones: se mantuvo como prioridad estratégica la expansión del sistema bajo los lineamientos del Plan de Once Años iniciado en 1958; los nuevos libros de texto gratuitos (colección 1962) conservaron la estructura de asignaturas y no la de áreas; se tuvo en cuenta, además, el riesgo de abrir un frente adicional de confrontación con el magisterio y con sectores de la opinión pública.

El documento “Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana”, suscrito por la Dirección de Desarrollo Curricular de la SEP y dado a conocer, para su consulta y aportaciones, en el primer trimestre del año, se inicia con un apartado introductorio en que se presentan los rasgos fundamentales de la propuesta de transformación curricular.

En materia de financiamiento para las actividades científicas en los estados el proyecto de ley es poco claro. En lugar de proponer los medios e instrumentos para garantizar el acceso de las entidades a los recursos públicos correspondientes, se limita a señalar la posibilidad de que los gobiernos locales puedan “promover y proponer, ante las autoridades competentes, criterios y esquemas de distribución participativa de las Aportaciones Federales vigentes en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de los convenios suscritos para ese efecto, con el propósito de garantizar la obligación del Estado de apoyar la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación” (artículo 23). Si se toma en cuenta la reciente extinción de los fondos mixtos que apoyaban la realización de proyectos de investigación e iniciativas similares en los estados, el panorama no es alentador.

Esa redacción refleja la intención, del Conacyt, de abrir el ingreso al SNI exclusivamente a académicos de IES públicas. Pero también abre la puerta para evitar que los académicos de IES privadas, que actualmente cuentan tales nombramientos tengan la opción de renovar su adscripción al sistema. Ello es abiertamente discriminatorio, además de que tendría repercusiones adversas para que las IES privadas participen en el sistema nacional de posgrado o en proyectos de investigación financiados por Conacyt si subsiste el criterio de favorecer a los programas y proyectos que cuenten con académicos miembros del SNI. Es un gravísimo error.

La Ley General de Educación Superior, aprobada este año, contiene varias disposiciones que se refieren a la creación de un “sistema nacional de asignación, acumulación y transferencia de créditos académicos que faciliten el tránsito de estudiantes por el sistema educativo nacional” (artículo 19); a la atribución de los sistemas locales de educación superior para “coadyuvar a la integración y articulación de espacios locales y regionales de educación superior, ciencia, tecnología e innovación” (artículo 23, fracción VII), así como a la responsabilidad del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (CONAES) de “expedir los lineamientos para la creación y el funcionamiento del espacio común de educación superior, que tendrá como propósito facilitar la libre movilidad de estudiantes y personal académico, redes y alianzas entre las instituciones de educación superior nacionales y extranjeras que contribuyan al desarrollo de sus funciones académicas, con pleno respeto al federalismo, a la diversidad y a la autonomía universitaria” (artículo 53, fracción VI).

Esta semana ha circulado información acerca de un importante número de despidos en varios planteles de las sedes del Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ). Según una comunicación hecha pública y reportada en prensa por la “Asamblea de las y los trabajadores despedidos de las UBBJ”, a partir de julio de este año han sido despedidas más de sesenta personas entre trabajadores y docentes en los estados de Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Causa desazón y siempre será reprobable el uso de fuerza pública para tomar instalaciones universitarias, como acaba de ocurrir en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) en la mañana del 29 de agosto. Se trató, al parecer, del cumplimiento de una orden de embargo autorizada por el poder judicial del estado para asegurar los bienes, muebles e inmuebles, de las instalaciones.

En colaboraciones anteriores abordamos el tema de la libertad de investigación como derecho humano y también algunos de los límites éticos y conceptuales que la circunscriben. Sobre el segundo de estos aspectos hicimos mención de los indicadores contenidos en el Manual de Frascati (OCDE, 2015) acerca de las características que deben cumplir las prácticas de investigación en ciencias y humanidades para ser incluidas en el sistema internacional de medición y estadísticas de organismos tales como la OCDE, la Unesco y el Banco Mundial.