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Tras la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, la prensa mexicana ha puesto el acento sobre aquellas propuestas, promesas y amenazas emitidas en la campaña del candidato que tienen implicaciones negativas para nuestro país. Es desde luego el caso del muro fronterizo, la eventual confiscación de las remesas, la asignación de aranceles a las exportaciones mexicanas, y la revisión e incluso cancelación del tratado de libre comercio.

La expresión sociedad del conocimiento ha conseguido instalarse en el lenguaje ordinario aun cuando adolece de una definición precisa o cuando menos una percepción común de sus rasgos generales y condiciones de operación particulares. ¿Qué es la sociedad del conocimiento, cómo y dónde funciona?, ¿es una fase de desarrollo económico que se puede alcanzar, o bien un nuevo orden social asequible a través de acuerdos entre los grupos sociales, las organizaciones productivas y el Estado?, ¿la sociedad del conocimiento reemplaza o se añade a la sociedad de clases basada en la propiedad?, ¿coincide con los límites de los países, o se sitúa en espacios suprarregionales, o bien en ámbitos meramente locales?, en fin, ¿la sociedad del conocimiento es una realidad o una utopía?

Entre los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, cuando el PAN tuvo en sus manos el gobierno federal, se desarrolló una clara línea de continuidad en materia de programas educativos. Se trata de dos etapas de un mismo proyecto educativo. No obstante, el periodo de Calderón estaría marcado por el protagonismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE, en la gestión de los procesos que marcaron el rumbo de la política educativa sexenal. No es exagerada la caracterización de la etapa como de cogobierno SEP-SNTE en el ámbito de la educación básica del país.

Llegó el nuevo milenio y con él un cambio de rumbo en el escenario político nacional. El 2 de julio de 2000 fue electo Vicente Fox Quezada, representante de la fórmula PAN-PVEM, y la misma agrupación alcanzó en el Congreso mayoría relativa: 42.5 por ciento en la de diputados y 38.2 por ciento en el senado. La victoria de la oposición se presentía desde los comicios de 1997, cuando por primera vez el PRI perdió su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el resultado no dejó de ser sorpresivo luego de siete décadas del predominio casi total del Revolucionario Institucional en las esferas del poder público.

Con el presidente De la Madrid llegó y se fue la primera “revolución educativa”. Con Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se impulsó la llamada “modernización educativa” que, por cierto, tenía los mismos objetivos que la política precedente (descentralización, articulación del sistema, énfasis en la calidad), pero sería instrumentada con medios diferentes.

A dos años de la tragedia de Iguala, buena parte de los analistas coinciden en señalar que el evento marcó un punto de inflexión en la trayectoria del sexenio. Según esta observación, para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto hay un antes y un después de Ayotzinapa. El antes es el de un gobierno que había conseguido pactar con las fuerzas políticas y con el empresariado un amplio conjunto de reformas estructurales para reactivar, se decía, la economía nacional y las finanzas públicas, y con ello generar nuevos horizontes de prosperidad y bienestar social.

Los ochenta. Los años de la crisis, la década perdida para el desarrollo, la escalada inflacionaria, el crecimiento incontrolado de la deuda externa, la continua devaluación del peso, y sobre todo el viraje del modelo político y social del Estado mexicano: de un presidencialismo corporativo y populista hacia un modelo tecnocrático sustentado en la implantación de instrumentos de nueva gestión pública; la apertura al comercio exterior, y la reducción del papel del Estado en la esfera económica. Son también los años en que, para remontar los efectos del endeudamiento externo crónico, los países latinoamericanos, México entre ellos, se vieron forzados a la implementación de las medidas indicadas por el Fondo Monetario Internacional, según la guía de los programas de ajuste estructural.

Si la calidad de la educación pública en México dependiera del ánimo reformista del gobierno hoy tendríamos resultados sobresalientes. Y no los tenemos.