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Parecía que el tema de extinguir los fondos y fideicomisos correspondientes a los sectores de ciencia, tecnología, cultura y artes había conseguido un principio de solución tras la tormenta desatada por el decreto presidencial que ordenaba su cancelación y la inmediata devolución de los recursos correspondientes.

Como se recordará, hace un mes y días, el presidente de la República mandó a publicar en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos” (DOF, 2 de abril de 2020). No obstante el título general de la disposición, el mandato se enfocaba a un tipo específico de esta clase de instrumentos financieros: los de carácter federal que no hubieran sido creados por ley, que no contaran con estructura orgánica, que no implicaran obligaciones de orden laboral o de pensiones, o bien que se relacionaran directamente con temas relacionados con la emergencia sanitaria. El resto, según el decreto, deberían cancelarse y los fondos remanentes ser depositados en la Tesorería a través de la Secretaría de Hacienda.

El pasado 19 de abril se llevó a cabo una reunión virtual entre los directivos de la Anuies, encabezados por el secretario general ejecutivo Jaime Valls, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez y un número de rectores y titulares de universidades y otras instituciones de educación superior del país. En esta reunión se trataron varios temas: los avances en la elaboración de la Ley General de Educación Superior que debe ser expedida este año; las medidas y acciones que ha emprendido la SEP para auspiciar la continuidad y término del periodo escolar en el ámbito de su competencia (escuelas normales y subsistema tecnológico), así como un conjunto de recomendaciones sistematizadas por la Anuies a través de las cuales, se indicó, las instituciones públicas y particulares de educación superior pueden facilitar el cierre del ciclo correspondiente al semestre en curso con el doble objetivo de mantener, en la medida de lo posible, continuidad de los programas y realizar las evaluaciones que permitan el egreso de los estudiantes. Al último tema se refiere esta columna.

Escribo esta colaboración el día anterior al cumplimiento del plazo establecido por el presidente de la República para la extinción de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos. De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril, los fideicomisos que se afectarían son los de carácter “público federal”, que no cuentan con estructura orgánica. De mandato se salvan los fideicomisos constituidos por ley o decreto legislativo, y aquellos “que sirvan como mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.” (Artículo 5).

Ante el implacable crecimiento de la pandemia del coronavirus, las universidades públicas del país no sólo están preocupadas por la continuidad del ciclo escolar y el cumplimiento de trámites administrativos. Varias de ellas, con los recursos a su alcance, están coadyuvando con las autoridades sanitarias para la atención de las personas afectadas. Aquellas que tienen hospitales están sumando sus instalaciones y personal a la infraestructura de las entidades federativas correspondientes. En otros casos, los cuerpos académicos de investigación especializados procuran coordinarse para integrar proyectos de estudio y desarrollo de utilidad frente a la contingencia.

En otras colaboraciones me he referido al problema del procedimiento para reformar las leyes orgánicas de las universidades autónomas por ley en términos del dilema del candado y la llave: ¿cómo evitar que las instancias facultadas para iniciar reformas legales presenten motu proprio iniciativas de reforma que afectan las materias garantizadas por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?, que es el tema del candado, y ¿cómo hacer posible que las universidades autónomas reformen sus propias leyes orgánicas sin transgredir el procedimiento autorizado en las normas constitucionales de la federación y los estados?, que es el tema de la llave.

En los últimos meses la problemática de la violencia de género, en sus distintas vertientes, ha sido objeto de expresión y protesta en varias universidades del país. De especial visibilidad el caso de la UNAM porque la movilización de las estudiantes ha implicado la suspensión de actividades en varios de los planteles de la institución. El pasado 12 de febrero el Consejo Universitario aprobó reformas al Estatuto General de la Universidad para establecer que la violencia de género se considere una falta “especialmente grave de responsabilidad”. Se autorizó también la ampliación del número de vocales permanentes en el Tribunal Universitario para garantizar la paridad y promover un mejor tratamiento de los casos que se denuncien ante ese órgano.

En los últimos meses han ocurrido en la Universidad Nacional una serie de paros, toma de instalaciones y suspensión de actividades en varias de las entidades de la institución, principalmente en las escuelas del bachillerato. Al momento de escribir esta colaboración se mantienen en suspensión cuatro planteles de la UNAM: las preparatorias Tres, Siete y Nueve, así como la Facultad de Filosofía y Letras.