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A raíz de la publicación de la iniciativa que presentó el Ejecutivo federal el 12 de diciembre del año pasado para reformar las disposiciones constitucionales que regulan la educación en el país, y cumplir con ello las propuestas que el Andrés Manuel López Obrador enunció durante su campaña presidencial, un grupo de académicos, especialistas y representantes de organizaciones civiles, se dieron a la tarea de desarrollar una réplica al proyecto reformador de la presidencia, consistente en un desarrollo normativo que se propone, por un lado, corregir y mejorar dicha iniciativa, y por otro ofrecer elementos innovadores al respecto.

El 13 de diciembre del año pasado se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados la iniciativa del Ejecutivo federal que propone la reforma de los artículos 3º., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con ello, según declaraciones del primer mandatario previas y posteriores a la emisión de dicha iniciativa, se cumplía el compromiso establecido con los docentes, en particular con las organizaciones representativas del magisterio, de derogar la parte normativa de la reforma de la educación promovida por su antecesor.

La comunidad de académicos, científicos y humanistas del país no es cualquier cosa. Este colectivo concentra una parte importante del talento y la inteligencia con que cuentan nuestras instituciones de investigación, educación superior y cultura. Además es una comunidad organizada y que posee, además de experiencia, probada capacidad para deliberar y discutir las mejores vías para hacer avanzar la frontera del conocimiento en sus respectivas disciplinas.

Entre los elementos que han reconfigurado en los últimos años la operación de la administración pública destaca la implantación de procesos e instrumentos abocados a la transparencia y rendición de cuentas de las políticas públicas. Esta tendencia se corresponde con la intención de desarrollar fórmulas de gobernanza corporativa en el sector público y ha tenido distintas expresiones, una de ellas la publicación de reportes que dan cuenta de las distintas fases del denominado ciclo de las políticas, el que inicia con ejercicios de diagnóstico y planeación, transcurre con las etapas de implementación, desarrollo y ejecución, y culmina, al término del periodo gubernamental, con procesos de evaluación de resultados.

El 10 de enero se presentaron en las instalaciones de la SEP los estudios recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el sistema de educación superior en México. Es destacable que en el evento participaron Ángel Gurría y Gabriela Ramos, secretario general y directora general del organismo, así como Esteban Moctezuma y Luciano Concheiro, titular de la SEP y subsecretario de educación superior, respectivamente. Plana mayor.

Preguntas: ¿estará el gobierno dispuesto a pagar los costos políticos y sociales de la medida? Aparentemente sí, aunque todavía hay espacio para una rectificación. ¿Se tendrá conciencia de que la “aceptación” es la más frágil de todas las variables políticas? Ojalá que así sea.

A mediados de la década noventa la SEP contaba con un área especializada de evaluación y otra de sistematización de datos estadísticos. ¿Por qué entonces se abrió paso la iniciativa de crear una agencia evaluadora independiente (el INEE) para llevar a cabo tareas del mismo orden?

Las áreas de la SEP encargadas de evaluar el aprovechamiento escolar tuvieron un desarrollo gradual desde los años setenta y estuvieron principalmente enfocadas a proveer a los centros escolares y a los docentes del sistema de educación básica de instrumentos para medir el aprovechamiento de los estudiantes en los distintos niveles y materias de la educación primaria y secundaria. Entre 1976 y 1982 las pruebas se enfocaron a propósitos de acreditación de estudios en los sistemas de educación abierta (primaria, secundaria y bachillerato).