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El Artículo Tercero Constitucional establece que uno de los rasgos fundamentales de la educación mexicana es la gratuidad. Asimismo, en el artículo sexto de las disposiciones generales de la Ley General de Educación, se determina la prohibición del pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los niños y jóvenes. De esta forma, la inscripción, el acceso a la escuela, la realización de trámites o el otorgamiento de algún beneficio, no pueden estar condicionados al pago de alguna cuota, buscando así propiciar un trato igualitario para los alumnos. No obstante lo anterior, la Ley General de Educación no niega o prohíbe la existencia de las cuotas escolares, sino que les otorga el carácter de voluntarias y, por ende, intrascendentes para el goce del derecho a la educación. 

El pasado 12 de diciembre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, junto con el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, presentó una iniciativa para abrogar la Reforma Educativa impulsada por la administración gubernamental pasada. En el texto que el titular del poder ejecutivo dirige al presidente del poder legislativo se establece, entre muchas otras ideas más, la necesidad “de un auténtico sistema de mejora continua de la educación a través del Servicio de Carrera del Magisterio que asegure a los docentes un desarrollo profesional que incida simultáneamente en la elevación de sus ingresos y prestaciones en términos reales, y en la superación de la calidad de la enseñanza impartida a los educandos”.  Así pues, se busca un sistema que, además de propiciar oportunidades para que los docentes perfeccionen sus capacidades laborales, aumentando también la calidad de la enseñanza, repercuta en las retribuciones económicas de los profesores.

El 12 de diciembre de 2019, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó una iniciativa que considera la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Asimismo, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 contempla un recorte de casi la mitad (45%) de los recursos destinados al organismo.

El 19 de diciembre pasado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció la reapertura de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, mejor conocida como El Mexe, en el estado de Hidalgo.  La reapertura de la institución mencionada está por demás cargada de simbolismo: dos actores principales del régimen pasado, como Jesús Murillo Karam (responsable de la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa) y Miguel Ángel Osorio Chong (mano derecha del presidente Peña Nieto), se encargaron de afectar significativamente la matrícula de la normal rural hasta finalmente, en el año 2008, clausurarla, coronando así un largo proceso por el que fueron reducidas, prácticamente a la mitad, las escuelas normales rurales del país (Coll, 2015, p. 90).

En días pasados, causó revuelo en la opinión pública el hecho de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador firmara el documento “Decreto por el que se reforman los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, el cual será enviado al poder legislativo para su posible aprobación. La mayoría de los debates propiciados en torno a este hecho se centraron en dos temas: las propuestas para realizar modificaciones a la evaluación docente y la intención de desaparecer al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). La discusión se ha alejado así de situaciones problemáticas educativas que incluso no son inherentes sólo a la Reforma de 2013. Así pues, vale la pena revisar los principales desafíos que, en términos educativos, deberá enfrentar la nueva administración del gobierno federal.

Desde hace algunos años, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha implementado el Sistema Básico de Mejora (SBM), buscando orientar así a las escuelas hacia la atención de prioridades educativas esenciales, tales como la mejora del aprendizaje de sus alumnos o la normalización del funcionamiento de los centros escolares. Para lograr esto, dentro del SBM se contemplan cuatro condiciones, entre las que destaca la Descarga administrativa, la cual deberá ser entendida como la simplificación de los procesos administrativos de los centros escolares, con el propósito no sólo de reducirlos, sino de orientarlos predominantemente hacia una pertinencia académica. Así pues, se busca que la labor de las escuelas prioricen lo académico por sobre lo administrativo. 

La naturaleza discriminatoria de nuestro sistema educativo tiene, entre múltiples expresiones, la segregación de las personas con discapacidad. Basta echar un vistazo a datos estadísticos para justificar la aseveración anterior: por un lado, el analfabetismo entre personas con discapacidad es de 22.6%, cuatro veces mayor que el del total de la población (5.5%) (INEE, 2017b, p. 82); por otra parte, en cuanto a la escolaridad de las personas con discapacidad de 15 o más años de edad, en 2016, era de 5.5 años, mientras que la de las personas sin discapacidad, era de 9.6 años (INEE, 2017b, p. 128). Si bien sería injusto para la escuela achacarle la responsabilidad absoluta de lo anterior y pretender aminorar la influencia de condiciones sociales, económicas y culturales, es digno de análisis el estado que guarda la educación nacional en relación a la atención a grupos en condición de vulnerabilidad y, en particular, de las personas con algún tipo de discapacidad.

En octubre de 2015, el entonces Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, respondió a través de los medios de comunicación a las exigencias de la disidencia magisterial para debatir acerca de la continuidad de la Reforma Educativa: “nosotros abiertos al diálogo, pero a un diálogo sobre cómo implementar la Reforma Educativa, no sobre cómo evitar la Reforma Educativa”. Las palabras anteriores, que condicionaban un debate a la aceptación de una conclusión, dejaban entrever la naturaleza terriblemente autoritaria y vertical que caracterizó a la construcción de las modificaciones legales en materia educativa surgidas en septiembre de 2013.