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Sería erróneo suponer que una escuela es de mejor calidad en la medida en que tenga un gran número de rechazados en sus procesos de ingreso o que sean escasos los estudiantes que logran egresar de ella. En el caso de las Escuelas Normales, las cuales aglutinaban a 91,978 estudiantes para el ciclo escolar 2018-2019 (SEP, 2019, p. 36), el ingreso y el egreso han sido motivos de reflexión en torno a la calidad educativa que se oferta en estas instituciones. Más allá de revisar cifras sobre los alumnos que llegan y se van de las Normales, vale la pena reflexionar sobre algunos de los rasgos más importantes de estos procesos.  

Con la llegada de una nueva administración al gobierno federal, se ha suscitado un conjunto de cambios legales en materia educativa que comprenden desde la modificación del artículo tercero constitucional, hasta la abrogación de leyes secundarias como las referentes al Servicio Profesional Docente y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).  Producto de estos cambios se han generado nuevas leyes secundarias, una de las cuales tiene que ver con los procesos de ingreso, reconocimiento y ascenso de los docentes:

Con la llegada de la nueva administración del gobierno federal se han generado una serie de expectativas de cambio en diferentes áreas de la vida pública del país. Una de éstas ha sido la dinámica sindical. Previo a la llegada al poder del grupo que hoy encabeza los poderes Ejecutivo y Legislativo, predominaban discursos en los que se prometían cambios para hacer de los sindicatos organizaciones más democráticas y transparentes.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 considera recortes en el ámbito educativo que han desatado polémica entre la opinión pública. Una de esas reducciones corresponde al Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), al cual se le han quitado la mitad de los recursos que recibió el año pasado. Se trata de un programa que, surgido en 2007, a una década de su creación apenas lograba cubrir al 11% de planteles de educación básica, en los cuales se extendió la jornada escolar y, en algunos casos, se proporcionó alimentación para los alumnos. La reducción al presupuesto del PETC ha motivado una ola de críticas hacia el gobierno federal, ensalzando los beneficios del programa pero también olvidando los múltiples aspectos negativos que se le atribuyen.  

El Consejo Técnico Escolar (CTE) es el “órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica [y] tiene como propósito principal la mejora continua del servicio educativo que presta la escuela” (SEP, 2019, p. 3). El CTE sesiona de manera ordinaria cada mes. De entre estas sesiones, desde algunos ciclos escolares, algunas de ellas se destinan a propiciar el intercambio entre diferentes planteles educativos. A partir de este ciclo escolar, se presenta una innovación importante: los encuentros se dan entre escuelas de diferentes niveles educativos. Así, el 15 de noviembre del año en curso se suscitó el primer encuentro entre escuelas de diferentes niveles, resultando en una experiencia digna de ser analizada con detenimiento.

A casi dos siglos de su creación, el Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima (ISENCO) tuvo a bien llevar a cabo la primera edición del Congreso Internacional de Investigación y Evaluación Educativa (CONIIEE), el cual se desarrolló del seis al ocho de noviembre del año en curso. Como su nombre lo indica, el evento tuvo por propósito principal ser un espacio de intercambio de experiencias de investigación en líneas temáticas relativas a la educación así como la consolidación de redes de colaboración entre instituciones de educación superior. A pesar de ser un evento inédito en la historia del normalismo colimense, superó ampliamente las expectativas que sobre él se crearon.   

A pesar que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 (PPEF) contempla, con respecto al año anterior, un aumento de aproximadamente 24 mil millones de pesos a la Secretaría de Educación, la distribución de los recursos asignados al campo educativo ha detonado preocupaciones y polémicas, al percibirse recortes en áreas importantes, tales como la formación normalista, las escuelas de tiempo completo, la formación continua de docentes y la oferta de modalidades de servicios educativos, como Prepa en Línea y Escuelas de Tiempo Completo. Aunque los recortes planteados aún son susceptibles de ser modificados en el Congreso, contrastan notablemente con los discursos que desde el poder ejecutivo se han vertido en torno a la revalorización del magisterio y, en general, a las metas educativas que se tienen.

El derecho a la educación sigue siendo una fantasía en nuestro país: de acuerdo a las tendencias actuales, en México sólo uno de cada cuatro alumnos que inicia la educación primaria podrá terminar la educación superior. En ese sentido, las cifras son por demás crueles: se estima que de los 2,475,340 alumnos que ingresaron a primaria en ciclo escolar 2001-2002, casi dos millones no lograron egresar de la licenciatura, es decir, sólo el 24% (594,561 estudiantes) de aquellos alumnos “sobrevivieron” a los 16 años del trayecto. El cumplimiento del tramo educativo obligatorio es igual de trágico y está lejos de concretarse: de 100 alumnos que ingresan a primaria, apenas 45 logran egresar de bachillerato y uno más de profesional técnico (SEP, 2018, p. 12), es decir, son más los que se quedan en el camino que los que llegan a la meta. A la luz de estas cifras se advierte entonces un problema grave en la trayectoria escolar de los alumnos de nuestro país, situación motivada por otras adversidades relacionadas con las condiciones sociales y económicas, la cobertura educativa y el aprovechamiento académico, entre otros.