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La Secretaría de Educación Pública, a un siglo de su creación, ha tomado la decisión de reabrir las escuelas para el regreso a las clases presenciales, en el pico más alto de la tercera ola de contagios, después de mantenerlas cerradas desde el surgimiento de la pandemia en nuestro país. Distintas voces han reaccionado en un sentido u otro. Se proponen alternativas v. gr. la educación a distancia o un modelo mixto. Resulta necesario revisar esta y otras cuestiones igualmente relevantes porque el futuro está en riesgo. 

La democracia sindical se ha convertido en una promesa de campaña incumplida, un problema irresuelto y una obligación legal infringida. El Presidente de México, siendo candidato, dijo que respetaría la independencia y la autonomía de los trabajadores de la educación en caso que el voto ciudadano le favoreciera.

En la colaboración anterior pretendí analizar la Agenda de Política Educativa Nacional propuesta por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). Señalé el imperativo de observar los derechos laborales y los derechos profesionales en torno a la recomendación de hacer vinculante la actualización del personal docente. ¿A qué me refería? Trataré de explicarlo. 

La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) dio a conocer, en días recientes, el documento “Construir el futuro de la educación en México. Hacia una agenda de política educativa nacional”. Resulta por demás relevante y, por ello, lo analizaré con la pretensión de reflexionar en torno a su contenido. Con ese propósito, referiré primeramente las tres fuentes de consulta necesarias para situar la discusión desde la propia perspectiva institucional. Después, retomaré algunas ideas del documento, a manera de introducción. Y, al final, externaré mis puntos de vista considerando que la opinión se acerca más a un artículo propio del periodismo educativo que a una ponencia o “paper” de carácter académico. Aunque recomiendo su discusión para fines heurísticos. Ambos sirven a la divulgación de la ciencia de una manera u otra. Así que, agradezco la comprensión de los lectores porque aprovecharé el espacio en su máxima extensión.

El Acuerdo Número 16/06/21 por el que se regulan las acciones relativas a la conclusión del ciclo escolar 2020-2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio. Va mas allá de lo que se dice en el título tan extenso. Llega hasta la evaluación de los aprendizajes y demás procesos relacionados. Las consecuencias derivadas de su aplicación influirá en la percepción social del rezago educativo. La información que arroje los datos después de su procesamiento, traducida en indicadores y estadísticas educativos inducirá una idea falsa del aprovechamiento escolar. Algunas razones de ello las destacaré en el análisis de su contenido en los párrafos posteriores. 

Los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación asumen el papel de correa de transmisión[1] en la campaña para el regreso a clases presenciales[2]. La secretaria de Educación dio a conocer las reuniones sostenidas con ellos para fortalecer la comunicación, según dijo. Se acordó la operación política a favor del gobierno. Al fin de cuentas, desde hace mucho tiempo, ya se habían declarado “aliados” y “ejército intelectual” del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación (https://bit.ly/3gteEgp). Se adhirieron a la misión de retornar a las escuelas haciendo propio el discurso de que es voluntario[3]. Pusieron a andar la maquinaria después de finalizado el proceso electoral y mandaron al frente de batalla a sus incondicionales incrustados en la estructura educativa. Tan fácil que les hubiera resultado a las autoridades ordenarlo formalmente haciendo uso de sus facultades legales. Pero prefieren evadir la responsabilidad directa quizá para deslindarse de las posibles consecuencias.

El gobierno federal puso en jaque a los padres, madres y tutores. Les pone la espada de Damocles por delante. O llevas a tus hijos a la escuela para que tomen sus clases presenciales o atente a las consecuencias. Tiene la firme convicción de hacerlo sin importar el costo social, incluso electoral, que trae consigo tal decisión. Se pudiera convertir, en los hechos, en un factor de exclusión. Analicemos el asunto.

La Secretaría de Educación pública presentó la “Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales en las Escuelas de Educación Básica durante el Ciclo Escolar 2021-2021”, desde hace algunos días. Ese fue el banderazo de salida. Después, se puso andar todo el aparato del estado para concretarlo: la vacunación del magisterio y de todo el personal educativo; el programa piloto en Coahuila; la reanudación de las actividades escolares en la Ciudad de México anunciada para el 7 de junio y en el Estado de México a mediados del mismo mes. Son tan sólo una muestra de ello. Se percibe pues, la Estrategia Nacional, como la propuesta gubernamental. Se menciona que será un proceso paulatino, gradual, escalonado a desarrollarse en tres etapas.