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La suerte está echada. Los conteos preliminares de las elecciones del 2 de junio de 2024 para la Presidencia de México arrojan que ganó, con una ventaja significativa respecto de sus contrincantes, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

A mitades de junio 2023, circuló, en Francia un borrador de un libro blanco cuyo contenido fue inmediatamente comentado por la prensa y los expertos. Titulado Les entraves administratives (Las trabas administrativas) fue encargado por el Consejo Nacional de la investigación científica (CNRS) a los miembros de su Consejo científico para apuntar los efectos negativos de la hipertrofia burocrática en la producción de conocimientos, en ese organismo.

Desgraciadamente, no es el caso. La extensión de las jornadas de empleo no tiene impronta de género. Pero, eso sí, los esquemas de asistencia escolar de los infantes siguen amarrados a un modelo de organización patriarcal en el que las mujeres se encargaban de la crianza y del hogar. Ante ese recurrente desfase, una consigna de las activistas debería ser coyunturalmente, en 2022 “No a la desaparición de las escuelas de tiempo completo”. Otra, de mayor alcance, sería “Sí a la generalización de una jornada escolar de tiempo completo a lo largo de la escolaridad obligatoria y en todas las escuelas”. Sólo así, la equidad de género dejará de ser un compromiso ritual, de dientes para afuera, un día cada 365. 

El 11 de enero 2022, el CONACYT publicó el padrón de investigadores aprobados en la convocatoria 2021 del Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I), en las categorías de reingreso vigente para permanencia o promoción, primero, y nuevo ingreso, segundo. Al día siguiente, envió a los miembros vigentes del S.N.I el comunicado 276/22, informando sobre la dictaminación de las solicitudes y la distribución de los seleccionados por categoría. Complementaba así la enumeración de los beneficiados que, si bien es crucial para quienes esperaban esos resultados, presenta poca información útil para analizar el dispositivo.

Entre 2019-2020 y 2020-2021, contrariamente a lo augurado, los totales de estudiantes extranjeros de primer ingreso inscritos en las instituciones de educación superior (IES) mexicanas no disminuyeron. Según las estadísticas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y del formato 911 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aumentaron en un 32%, pese al cierre de las instituciones de educación superior y de las fronteras, por causa del Covid-19.

Hace unos días, los medios de comunicación nacionales (Animal político y El Universal) o internacionales (El País) informaron que el código de ética del CONACYT pedía a sus empleados abstenerse de emitir públicamente críticas al organismo. Esa disposición generó un alud de inconformidades. Se denunció la censura. Se apeló al derecho de los ciudadanos, independientemente de su situación laboral, a manifestar libremente su opinión, conforme con las garantías constitucionales. Luego, surgieron los interrogantes. ¿A quiénes aplicaba la disposición?  ¿Cuáles secuelas tendría en el debate público? Las discusiones siguen abiertas, debido a su transcendencia. Ante ellas, el CONACYT, en el comunicado 254, especificó que el código no concernía becarios ni investigadores.  

El Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) cumple 50 años, en septiembre 2021. Previendo que la prolongación de la pandemia de Covid-19 impediría reuniones “en casa”, su Colegio de Profesores puso en marcha una Comisión encargada de organizar los festejos a distancia para que ese medio siglo de existencia no pase desapercibido.  La pestaña de la Conmemoración está ubicada en el sitio Web del DIE. Los primeros productos que los miembros de la Comisión elaboraron, con el concurso de auxiliares, estudiantes y personal de apoyo, están disponibles. 

Las discordancias entre decisiones oficiales y condiciones externas para su correcta implementación son siempre un asunto relevante para entender los grados de gobernabilidad de una sociedad y sus mecanismos de creación de acuerdos. Su superación condiciona la posibilidad de lograr consensos básicos, más allá de divergencias políticas y de brechas sociales, económicas y geográficas. En esa lógica, varios colegas anotaron que era necesario planear cuidadosamente los procesos de reapertura. Sugirieron adaptarlos a las condiciones locales. Ante el abismo que separa las escuelas en los municipios rurales y en los urbanos, en los pobres y en los de clase media o alta, la recomendación  es a todas luces pertinente. Otros especialistas disertaron sobre los contenidos  de un decálogo de colaboración y compromisos compartidos entre padres de familia, maestros y autoridades educativas. Se interesaron a las obligaciones formales, incluso legales, que implicaban, aunque los protocolos de reapertura  tuvieran un carácter burocrático (firma de documentos, definición de criterios) más que estratégico. Que se cumpla lo así dispuesto es harina de otro costal.