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En días pasados, medios sociales y prensa informaron que el Dr. Gertz Manero, fiscal general de la Republica, ingresó al Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I). Ese nombramiento deriva del dictamen emitido ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por una Comisión ad hoc de revisión de su expediente, en apego a una recomendación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). En efecto, el Dr. Gertz había sometido su candidatura al S.N.I en ocasiones previas, sin éxito. Las comisiones correspondientes habían aducido la insuficiencia de su producción científica, en diversos momentos. Después de apelar esa resolución ante instancias internas y externas al S.N.I, el D. Gertz no sólo ingresó. Fue catapultado a la categoría 3, la más alta antes del emeritazgo.

El Diario Oficial de la Federación (D.O.F) publicó, el 29 de diciembre de 1978, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Este mismo órgano dio a conocer, el 20 de abril de 2021, una Ley General de Educación Superior (LGES), que abrogaba la anterior. Nada más habían transcurrido 43 años, entre uno y otro evento. Durante ese periodo, el sistema nacional de educación superior se había transformado profundamente en cuanto a su conformación segmentada, al tamaño de la matrícula, a los rasgos de la profesión académica, a los soportes de la enseñanza virtual o presencial y al suministro, territorial y por nivel, de los servicios de enseñanza. 

No hay peor pesadilla que el sueño cumplido…En esa máxima, se inspiró el viejo dibujo animado de Disney en el que los sobrinos del pato Donald piden que se repita ad infinitum su día de Navidad. Al cumplirse su deseo, pasan de la felicidad inicial ante el sueño alcanzado a la saturación. El hartazgo, a posteriori, adorna imaginariamente las rutinas de la vida cotidiana de antes, menospreciadas por aburridas, con innumerables virtudes y bondades. 

Desde marzo 2020, la pandemia de Covid-19 estragó los sistemas de educación superior en América Latina. Los análisis de sus repercusiones versaron esencialmente sobre la “continuidad” de los procesos de enseñanza. Otros temas, en cambio, tardaron más en emerger. Uno concierne las repercusiones diferenciales de la deserción entre los estudiantes, en función de su acceso a las TIC, es decir de las brechas digitales. Un segundo versa sobre el bienestar psicológico de los alumnos, en condiciones de confinamiento, aislamiento y auto-aprendizaje y un tercero, sobre la movilidad y la cooperación internacionales.

Realicé la mayor parte de mi carrera académica bajo el cobijo del Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I). Con motivo de sus 25 años de existencia, analicé sus contribuciones a la reorganización de la profesión académica. En ese lapso, las discusiones sobre el S.N.I pasaron de un tono de extrema crítica a uno de relativa aceptación: hoy, se aprecia al S.N.I como una “solución imperfecta”, para retomar la expresión de Héctor Vera (Blog Distancia por tiempos, Nexos, 14 de octubre 2020). Es un paliativo, quizás insatisfactorio, pero útil ante la constante negativa de las autoridades de revalorar salarialmente docencia e investigación. 

En meses pasados, los investigadores rastrearon las repercusiones del confinamiento, provocado por el Covid-19, en la expansión del tele-trabajo. Se centraron en la productividad de los trabajadores que bascularon hacia esa modalidad, de manera brusca, y en sus ventajas y desventajas, en situación de pandemia. Analizaron el cumplimiento de las obligaciones laborales, el respecto de los derechos de los trabajadores y las afectaciones psicológicas a la vida familiar y personal, acarreadas por esa coyuntura. En vísperas de la reanudación de actividades presenciales, en las profesiones esenciales y, luego, en las “no –esenciales”, abordaron el derecho humano a quedarse en casa para no arriesgar la salud, por lo menos en los sectores que tenían la posibilidad (legal y económica) de elegir hacerlo.

El 24 de agosto, inició formalmente el año escolar, en una forma atípica. Se cumplió con el ritual del banderazo oficial para el inicio de cursos. Aumentó la frecuentación de las papelerías para adquirir los útiles escolares, durante el anterior fin de semana. Pero no se produjeron las habituales aglomeraciones de padres, entre orgullosos y preocupados, a las puertas de los establecimientos. Tampoco se tuvo que sortear las carreras a pie, en transporte colectivo o en coche, de adultos apurados, con infantes uniformados en volandas, porque “se les hizo tarde”. Aquel día, las ciudades siguieron con su trajín habitual y no hubo la circulación masiva de gentes, propia de una vuelta a la escuela.

El 6 de julio 2020, 18 meses después de que iniciara labores el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Diario Oficial de la Federación (D.O.F) publicó el Plan Sectorial de Educación 2020-2024 (PSE). Dicho Plan remarca diferencias con las políticas sectoriales anteriores, cuyas desviaciones y corruptelas, financieras y éticas, denuncia conforme con una narrativa de oposición entre el pasado y el presente. Alineado con el discurso presidencial, el PSE plantea como su eje principal la inclusión de colectivos vulnerables, en condiciones de calidad e interculturalidad, con el propósito de no dejar a nadie atrás, como lo recomienda la UNESCO, y, asimismo, de no dejar a nadie fuera (PSE: 199).