En el México de nuestros días, a partir de las reformas estructurales, específicamente de la (mal) llamada reforma educativa de 2013, ha nacido una nueva forma mediante la cual se ha asumido que se puede mejorar la educación.
Dicha manera en el que el gobierno federal ha generado la propuesta a la sociedad mexicana no se basa en una pedagogía de avanzada, puesto que sus postulados fueron establecidos hace décadas como: “la Revolución educativa” (1985) “el aprender a aprender” (1974), “la escuela al centro” (1993), “la educación inclusiva” (1974), y la “articulación de los niveles educativos” (2006).
El nuevo modelo no cuenta con nuevos planes de estudio, los cuales se van a dar a conocer en mayo del próximo año, apenas unas semanas antes de que se defina en manos de quien quedará el nuevo gobierno federal y, aunque el Secretario de Educación diga que llegarán los maestros con más vocación, no tiene una propuesta concreta para atraer mejores maestros a las escuelas formadoras de docentes como lo hacen los mejores países, sino simplemente se aplica un examen de conocimientos a cualquier persona con un título sin importar si sabe o no enseñar.
Tampoco se basa en mejorar la formación de maestros porque no cuenta con una reforma ni una inversión mayor a las Escuelas Normales y, para medir el desempeño de los maestros nadie observa cómo es su desempeño en el aula, como lo sugirió la propia presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), porque ni siquiera se contempla en la ley esta medida porque resulta muy costosa.
En esta propuesta el único que debe de evaluarse es el maestro, porque no se evalúan los planes de estudio, tampoco las autoridades que deciden ni las políticas educativas, no interesa si la comunidad en que enseña se encuentra -como más de la mitad de los mexicanos- en situación de pobreza y menos que, -en el marco del grave repunte de la violencia en nuestro país- de acuerdo con el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), que establece que las escuelas ubicadas en contextos violentos muestran rendimientos inferiores.
Los maestros que se incorporan al servicio, y que la Ley del Servicio Profesional Docente dice que deben de ser acompañados por un Tutor, se encuentran solos y, como sucede con los que ingresaron desde 2014 y que ya fueron evaluados al menos en tres ocasiones, este año no se les permitirá hacer ninguna evaluación ni de desempeño ni de promoción de acuerdo con las convocatorias correspondientes, además de que se les impide el cambio de adscripción si no hacen la evaluación en cuestión.
El punto central y más importante de la reforma, es la evaluación, llegando a tal grado que han florecido por doquier los cursos, talleres, congresos, ejemplos de exámenes y todo tipo de personas que, sin ninguna supervisión ni regulación de la autoridad educativa ni federal, ni estatal, han establecido un verdadero y lucrativo mercado educativo el cual ofrece “soluciones mágicas” para aprobar el examen por “un pequeño costo” que va de los mil a los 3 mil pesos o más por cada “acompañamiento”.
Me apena mucho la situación que se vive en México en el ámbito educativo, el pleno reinado de la “tecnoevaluocracia”, el gobierno de la evaluación en manos de tecnócratas, que no son otros que, como lo define Manuel García Pelayo, una estructura de poder en la que los técnicos condicionan o determinan la toma de decisiones.
