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Tecnología de poder y Reforma Educativa

Un adiós a Sylvia Schmelkes como presidenta del INEE. 
Cumplió muy bien su tarea en una época de turbulencia en el sector educativo.

Adapto el concepto tecnología del poder del texto de James March y Johan Olsen (El redescubrimiento de las instituciones: la base organizativa de la política), que lo definen como una práctica rutinaria que se ejerce en el seno de las instituciones. Incluye creencias, paradigmas, códigos, culturas y conocimiento que rodean, apoyan, elaboran y contradicen esos papeles rutinarios. Lo cual implica conductas previsibles, pero también mudanzas en el comportamiento de quienes ejercen el poder político.

March y Olsen reinterpretaron —o actualizaron— ciertas nociones de Max Weber sobre la dominación burocrática y situaron su ejercicio en el hacer político de las instituciones. Algo así como racionalidad de la burocracia, sí, pero siempre al servicio de los intereses de quienes mandan y en respuesta a quienes se oponen. Es una lucha de contrarios y una construcción de consensos en busca de legitimidad.

Utilizo esa noción en conjunción con otras —como la dialéctica del control, en la versión de Anthony Giddens— para interpretar lo que acontece en la política educativa. En los últimos años la Reforma Educativa del gobierno de Peña Nieto no ha reposado ni me ha dado sosiego.

El Mecanismo de Coordinación Regional es un dispositivo que inventó el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, quizá bajo la inspiración de la corriente que se denomina nueva gerencia pública, para relacionarse con los gobernadores y, de ser posible, conseguir apoyo político de ellos a la Reforma Educativa.

Este mecanismo fracciona a la Conferencia Nacional de Gobernadores en cinco zonas para negociar, en corto, aspectos de la reforma y de la administración del sistema. El secretario no podía convenir en forma “racional” con 31 mandatarios en las reuniones tradicionales, que se habían vuelto rutinarias, con declaraciones solemnes, pero con poca eficacia en la ejecución de programas. Tratar con cada uno es otra cosa; tal vez el secretario no pueda dedicar un día completo para convencerlo y no rinda los frutos mediáticos que espera. Pero en grupos pequeños, sí.

El secretario Nuño convoca y fija la agenda para cada reunión —ya va en la cuarta ronda— y tiene a los secretarios y otros funcionarios de los estados no como coro, sino como los ejecutores directos de la política. Me imagino, porque no he observado ninguna sesión, que el secretario impulsa ciertos puntos, presiona, quizá con gentileza, les ofrece incentivos, escucha quejas (que de seguro las hay) y, lo trascendente, termina con acuerdos concretos.

La cuarta vuelta es para empujar el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria y ratificar que siguen las auditorías de personal, con el fin de “poner orden y transparencia en el desorden de años en el majo de las plazas”. Se trata de cambiar de adscripción al personal administrativo que cobra con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo. Aunque el secretario afirma que las auditorías han sido en colaboración, las conduce la SEP, escuela por escuela. El acuerdo: “Fortalecer los trabajos de depuración y consolidación de la nómina magisterial”.

La Reforma Educativa no es un cambio de paradigma, pero sí incluye códigos nuevos, mudanzas en las rutinas y variaciones en el comportamiento de los gobernadores. Tal vez no estén todavía convencidos. La reforma les movió sus relaciones con los líderes de las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el centro les quitó el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y hoy les restringe el uso del Fone para pagar a su burocracia.

Sin embargo, no protestan, al menos no en público. Quizá algunos muestren su enojo no asistiendo a las reuniones, como los gobernadores de Nuevo León y Tamaulipas, que no fueron la semana pasada a la de Durango. Pero tal vez cavilen que es mejor negociar y ganar algo, que tener que enfrentar al gobierno central. Quienes lo hicieron, recibieron regaños de la Suprema Corte de Justicia.

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