No pienso que sea por influencia bíblica, tampoco porque en la escuela sacarse 10 es —o era— una calificación que los padres esperan de sus hijos. En realidad, no tengo idea de por qué se usan decálogos, pero están a la orden del día cuando en las campañas por la presidencia se habla de educación. El candidato que más enarbola el tema es Andrés Manuel López Obrador, pero no tiene un discurso coherente.
Primero firmó el “Acuerdo para la transformación de la educación en México y la defensa de los derechos plenos de los maestros” con las Redes Sociales Progresistas Magisteriales, el 10 de febrero. Estas redes aglutinan a los fieles que le quedan a Elba Esther Gordillo, las capitanean Rafael Ochoa Guzmán, su vicario favorito, su yerno, el exsubsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez, y su nieto, René Fujiwara Montelongo.
AMLO dejó claro en ese pacto que le interesaba la unidad de las facciones del magisterio en torno a su candidatura. El lenguaje del documento, sin dejar de apuntar a un cambio de rumbo, no implicaba un rompimiento radical con la Reforma Educativa. Señaló que había que marchar hacia atrás por la vía legislativa. Se comprometió a enviar al Congreso un proyecto de ley para modificar el Servicio Profesional Docente, eliminar la “evaluación punitiva”, frenar amenazas a maestros por sus convicciones, recontratación inmediata de docentes cesados; también, respeto a la relación bilateral y reconocer la carrera sindical como atributo de la gestión y desarrollo del sistema educativo. Esto significa que el Estado pague de nuevo a los comisionados que regentean el SNTE.
Allí no habló de cancelar la Reforma Educativa, sino de seguir una línea parlamentaria; hasta Mexicanos Primero aplaudió.
El 10 de mayo, Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública designado por AMLO en caso de ganar la Presidencia, entregó en su nombre un documento a los organizadores del foro 10 Preguntas por la Educación. Los otros candidatos se presentaron y se comprometieron en persona con las más de 100 organizaciones de la sociedad civil que abogan por el derecho a la educación. Mi colega Arturo Páramo escribió una nota extensa en Excélsior (12/05/2018) donde reseña los compromisos que firmó López Obrador.
Resaltó la creación de la Academia Nacional de Directores, conectividad tecnológica, simplificación burocrática, más presupuesto y mejor distribuido, reforzar la gestión educativa, fortalecer el acompañamiento a las escuelas. Además, ofreció a las organizaciones civiles que, de ganar la elección del 1 de julio, trabajará en conjunto con la administración saliente para dar seguimiento a la implementación del Nuevo Modelo Educativo. Incluso, marcó que era una desgracia que el Modelo haya llegado tarde en el sexenio, como una reforma accidentada e inconclusa. Para mejorar la política educativa planteó que consultará con maestros, padres de familia, expertos y la sociedad.
Pero el 12 de mayo, en Guelatao, Oaxaca, AMLO se contradijo; habló para la CNTE. En sus “10 compromisos básicos con la educación y el magisterio” aseguró que se “cancelará la mal llamada Reforma Educativa” (punto 6). Marcó que hará uso de las facultades del Ejecutivo para detener las afectaciones laborales al magisterio.
No sé a cuál decálogo atenerme. Lo que es patente en los tres es su alegato en contra de la evaluación y restituir derechos —que otros interpretan como canonjías— a delegados sindicales.
La Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación no se quedó atrás y acaba de poner en circulación su decálogo. Es un alegato sutil en favor de lo hecho hasta hoy. Demanda a los candidatos que aborden los temas sobre educación desde una perspectiva que vaya más allá de la Reforma Educativa —que es, a su vez, la suma de múltiples reformas, dice— y que abarquen el universo del tema.
En sus 10 puntos, el INEE aboga por el derecho a la educación de calidad y que el Estado mantenga la rectoría de la educación. Resaltó justicia e igualdad y planteó que el mérito de los maestros debe ser la única vía de ingreso a la carrera docente y la promoción. También reclama mayor inversión pública, ratifica que la escuela debe ser el centro del sistema educativo y, claro, fortalecer la cultura de la evaluación.
No importa si sea por influencia bíblica o escolar, el asunto es que los decálogos refinan asuntos políticos de manera ordenada y marcan contrastes, aunque quizás al final queden en meras expectativas.
