En política uno de los mayores desafíos, si no es que el principal, consiste en la posibilidad de conciliar voluntades e intereses en torno a un determinado conjunto de propuestas, programas o proyectos de acción gubernamental. Que una política pública consiga ser calificada como legítima depende de la solución que se alcance para tal desafío. No es sencillo, por supuesto, porque con frecuencia los intereses en juego se oponen entre sí, como al parecer es el caso del futuro de la reforma educativa y de su eventual reemplazo por otra fórmula de transformación, aún por dilucidar.
La solución de imponer un proyecto de cambio por vía del acuerdo interpartidario, como fue el caso de la reforma normativa de 2012-2013 tuvo una efectividad limitada si se mide en términos de su aceptación por lo protagonistas centrales, los maestros. La imposición de la reforma, además de haber abiertos espacios de confrontación y posturas encontradas, desgastó la autoridad gubernamental para avanzar con fluidez sobre otros aspectos de la problemática educativa nacional.
La opción de sujetar a procesos de negociación simple las nuevas propuestas del programa educativo, incluida la cancelación o modificación de la reforma, corre riesgos de suma cero: lo que unos ganan otros lo pierden. Como se identificó en algunas encuestas, la reforma implantada en el sexenio contó, en población abierta, con el mayor nivel de aprobación de las reformas estructurales propuestas. Es probable, en consecuencia, que la sola abrogación de la normativa básica de la reforma educativa produjera aceptación entre los críticos más radicales pero también rechazo en un sector amplio de la población interesada. Peor aún, que fuera esta medida calificada como un retroceso.
Si el gobierno entrante consigue asegurar políticamente el planteamiento, que ya circula en el equipo de transición, de que la mejor opción es revisar y en su caso replantear, corregir y mejorar el enfoque de la reforma, en especial la evaluación de docentes y estudiantes en los niveles obligatorios del sistema educativo, las posibilidades de conseguir legitimidad, que no consenso, mejoran considerablemente.
Sin embargo, hasta ahora se han mantenido en el escenario las dos posibilidades: cancelar o reformar la reforma. Este dilema debe ser resuelto con prontitud para procesar las fórmulas de convocatoria, interacción y anticipación de resultados de la consulta que, todo parece indicar, se organizará para definir la ruta de acción gubernamental por venir.
Ya anunció Esteban Moctezuma, nominado por Andrés López Obrador como posible titular de la SEP en el próximo gabinete, que una nueva ley o un nuevo paquete normativo para gobernar el sistema de educación serán elaborados a través de una consulta social amplia. Lo que quiere decir, según sus palabras, “que van a participar los maestros, los padres de familia, las autoridades educativas, estatales y federales, los integrantes de los consejos de participación ciudadana en las escuelas, entre otros” (El Universal, 7 de julio 2018).
La idea es buena, pero tiene sus riesgos. Comenzando por los maestros, pues resulta que hay posiciones encontradas entre las organizaciones que los agremian. La CNTE ha dicho que la intención de “despenalizar” la reforma, o evitar los efectos punitivos de la evaluación docente, no responde a su demanda de cancelación. Ha señalado también que, a menos que proceda la abrogación, y la aprobación de su Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, así como el Proyecto de Educación Alternativa en Chiapas, mantendrán y acrecentarán sus acciones de resistencia (Milenio, 9 de julio 2018).
La postura del SNTE al respecto es, por ahora, poco clara. Aunque el sindicato ha manifestado su intención de colaborar con el gobierno en su plan educativo, así como de interactuar con la autoridad educativa para identificar aquello que debe de modificarse en las normas, hasta ahora no se han manifestado sobre lo que debe permanecer y lo que tendría que modificarse. Los grupos afines a la anterior dirigencia sindical, la encabezada por Elba Esther Gordillo, hicieron pública su intención de generar una propuesta legislativa en que se eliminen los riesgos laborales de la evaluación docente.
Aparte, todo parece indicar que la diputación federal plurinominal a la que aspiraba el líder Juan Díaz de la Torre no se concretará en virtud de la votación obtenida por el PRI. Por ese factor, y por la aproximación del antiguo SNTE a la candidatura de López Obrador, es de anticiparse algún reacomodo en las filas sindicales, y en consecuencia posibles cambios en su posicionamiento ante la reforma del régimen por concluir. Habrá que ver.
Tampoco son un bloque uniforme las posturas de los especialistas e investigadores educativos sobre la reforma. Desde luego la apertura de un proceso ordenado de consulta puede abrir horizontes para un debate razonado, lo que también debiera ocurrir con respecto a las organizaciones sociales competentes. Pero no será tan sencillo en el espacio de las autoridades educativas estatales, en que ya están a la vista posiciones diferentes y en algunos aspectos contrarias. El que Morena haya conseguido gubernaturas en la Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Morelos, puede facilitar las cosas en estos estados, como también sus triunfos en la gran mayoría de las elecciones legislativas. Pero eso no puede evitar la tarea política de articular consensos.
No menos importante, la diversidad de opiniones al seno de Morena, algunas favorables a la alternativa radical y otras a la moderada. Pacificar el espacio educativo sin renunciar a su transformación tendría que ser el camino.
