Si una lección ha dejado nuestra democracia es la dificultad para construir instituciones. En este sentido, me sorprendió la respuesta que obtuve de una apreciada colega investigadora que, ante la pregunta de cómo veía el desempeño del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) ante los posibles cambios de su Junta de Gobierno, respondió: “el instituto está internamente fragmentado, socialmente cuestionado y funcionalmente desbordado”.
Pienso que cada una de las tres dimensiones (organización, legitimidad y funcionalidad) delineada crudamente por la especialista merece una opinión. En términos de organización interna, es verdad que el INEE ha crecido exponencialmente desde su constitución como un órgano constitucionalmente autónomo (2013). No tengo datos exactos sobre el número actual de empleados, pero mis amigos del instituto reconocen que ha crecido seis veces más en los últimos cinco años. Esto representa tanto ventajas como desventajas. Entre las primeras, diría que el instituto está siendo un semillero de especialistas en evaluación educativa y podría, si se lo propone, profundizar aún más este perfil formativo. México, como lo han reconocido los consejeros internacionales agrupados en los consejos técnicos del INEE, ha marcado la pauta en la región en términos de evaluación educativa. Esto podría darnos cierto orgullo en tiempos en donde está de moda ser irreductible.
¿Qué hay de malo en haber crecido organizacionalmente tanto y en tan poco tiempo? Pues que los tramos de control y las líneas de mando se difuminan generando confusiones, conflictos y traslapes. Por tal razón, el diseño organizacional del Instituto ha sido modificado de manera constante para tratar de responder a las múltiples atribuciones que la ley le asigna. Pero hay un punto más importante. Cohesionar internamente al INEE requiere de un estilo de dirección que debería provenir de la expresión clara y de las acciones tácitas y explícitas que realicen los miembros de la Junta de Gobierno, de ahí la importancia de que en este momento se vaya a renovar el “órgano superior de dirección” del instituto, ya sea por la vía de la elección de dos nuevos consejeros o por la reelección del mismo número de ellos.
Sobre el cuestionamiento social que recibe el INEE habría que reflexionar en al menos un punto: es muy sano que un órgano del Estado sea criticado. En un país en donde, dicen los “mexicanólogos”, nos cuesta tanto trabajo tomar posición y le tenemos aversión al conflicto, llamar a cuentas a un órgano que debe ser autónomo y por consecuencia, independiente podría impulsar su reflexividad y autorregulación. Creo que el INEE, en el momento en que “suavizó” la aplicación de la evaluación docente, respondió a este estímulo de corte democrático.
Ahora, en lo personal, me gustaría ver al instituto lidereando una propuesta para modificar la Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD) y su propia normatividad con el propósito mejorarlas bajo un enfoque de tipo inductivo. El tiempo político-electoral es propicio para ello. Dejemos de lado el alarmismo, los supuestos “blindajes” y que inicie el tiempo del análisis ponderado y las políticas reflexivas.
Por último, sobre el tercer problema revelado por mi colega: el “desbordamiento” de las funciones del Instituto, diría al menos dos cosas. Primero, tengo la impresión de que el INEE, por su genuino sentido de responsabilidad, ha querido “pegarle” – para decirlo coloquialmente – a todo lo que la Ley le atribuye y en ello, ha perdido rumbo y tino. A mi ver, la presión generada por la normatividad aprobada al vapor en 2013 socavó el perfil estratégico del Iinstituto y habría que pensar cómo recuperarlo. En este camino, una nueva lógica institucional – no personal – tendría que empezar a construirse desde el “órgano superior de dirección”, el cual, repito, está por renovarse cualquiera que sea el resultado.
Segundo punto: el INEE posee la capacidad técnica, política e intelectual para construir, con base en sus evaluaciones, un nuevo discurso sobre la distribución desigual de la calidad educativa de México. La vasta información que ha generado desde 2002, así como su personal bien pagado y mejor capacitado podrían construir tesis mucho más elaboradas e interesantes sobre qué ocurre en nuestro Sistema Educativo Nacional y no sólo repetir lo que ya sabemos (“los pobres están en desventaja”, “los indígenas necesitan apoyo”, “la justicia educativa es necesaria”). Rozar el lugar común expone más a este valioso órgano autónomo al cuestionamiento insustancial cuando lo que necesitamos es que la crítica opere a favor de la educación pública de México. Es mi opinión.
