Hace una semana, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Universidad de Guanajuato, organizaron, en la bella ciudad de ese estado, el Séptimo Encuentro Nacional de Tutoría. Ahí se discutieron los avances, resultados y prácticas de uno de los programas institucionales más destacados de nuestras universidades: el de tutorías.
Como usted recordará, desde hace varios lustros, se propuso desarrollar y promover estos programas con el propósito de “apoyar a los alumnos en su formación integral a través de la atención y seguimiento personalizado” por parte de los docentes (Reglamento del Programa Institucional de Tutorías de la UAQ). Al echar a andar estos programas, se reconoció implícitamente que el mero proceso enseñanza-aprendizaje no bastaba para moldear y rectificar algunas reglas y prácticas con las que operan las Instituciones de Educación Superior (IES).
Como algunas de estas reglas y prácticas en ocasiones atentan contra la trayectoria académica del estudiante o aún más grave, contra su bienestar, se quiso intervenir el ambiente universitario desarrollando acciones tanto académicas como personales para “afrontar problemas escolares” (UAQ). Al final, lo que se desea con la tutoría es que los jóvenes puedan sortear las dificultades que impiden que se formen integralmente o que concluyan con éxito sus estudios.
Algunas de estas dificultades, vale la pena recordarlo, las producimos los propios agentes universitarios. Ante esta realidad objetiva, vale la pena preguntar: ¿no deberían estos encuentros sobre las tutorías servir para reflexionar más allá de las estrategias y acciones específicas que cada universidad mantiene? ¿Qué fallas institucionales presentan las IES y que no hemos podido revertir? ¿Serán eternos los programas de tutoría?
Durante el encuentro expresé que a las tutorías las rodea una problemática institucional mucho más compleja y por lo tanto, habría que pensar sus ajustes y cambios a partir de esa realidad y no sólo desde la valiosa y necesaria evaluación de impacto.
Uno de estos problemas es la discrecionalidad y arbitrariedad de los agentes universitarios. Dado que las IES no están constituidas por entes celestiales, sino por personas con distintas perspectivas, racionalidades, deseos, creencias e intereses, ha sido necesario crear defensorías de los derechos universitarios (DDU). Estas oficinas tienen el propósito de “preservar y hacer cumplir el orden jurídico de y en la Universidad”, así como de evitar y prevenir “la sinrazón, la arbitrariedad, la injusticia y el abuso de autoridad”, según dice el documento de la DDU de la UNAM.
Ahora, aparte de la figura del tutor, en algunas universidades —desgraciadamente no en la UAQ— tenemos al ombudsman cuya función es recibir y conocer las reclamaciones, quejas y denuncias de los sujetos que vean afectados los derechos que les concede la legislación universitaria. ¿Sabrán los coordinadores de los programas de tutoría que el grupo que más quejas ha presentado ante las DDU es el de los estudiantes? Tener cientos de tutores capacitados sin que medie una reflexión sobre las recurrentes violaciones a los derechos de los estudiantes me parece querer curar un cáncer con aspirinas. La propuesta sería entonces que tutor y ombudsman trabajen juntos para discutir con la comunidad cómo disminuir la arbitrariedad y el abuso de poder.
Otra grave problema dentro de las universidades que pone en cuestionamiento el alcance y efectividad de los programas de tutoría es el hostigamiento sexual. Esta deplorable práctica, a mi juicio, no ha recibido la atención y el lugar que se merece. En un oportuno reportaje de Nayeli Roldán, publicado en abril pasado en el portal de noticias Animal Político, supimos que ni las máximas casa de estudio del país poseen un protocolo para atender denuncias de violencia sexual. Por las historias contadas en el reportaje, se constata que ser violentada sexualmente dentro de las universidades equivale a enfrentar la precariedad de nuestros sistemas de justicia y de estado de derecho que, si bien no son exclusivos de la universidad, hacemos muy poco por revertirlos. Decepciona saber que en el espacio dispuesto para cultivar la razón, reproducimos la impunidad, negligencia e injusticia. En la UAQ, por desgracia, tampoco existe un contacto institucional que procese estos casos.
¿Qué debe hacer el tutor al detectar casos de hostigamiento sexual de sus estudiantes? Un asistente al encuentro lo puso así: el tutor podría ser un agente mediador en los distintos órganos de gestión de la universidad. Esta atribución del tutor, empero, levanta la pregunta sobre el poder que puede realmente ejercer dentro de sus respectivas universidades. ¿Estarán dispuestos los directores de escuelas y facultades a empoderar a los tutores? No lo sabemos.
Para concluir, los programas de tutoría surgieron con el propósito de complementar prácticas y reglas con que operan las universidades y que afectan primordialmente a los estudiantes. Las evidencias mostradas en los encuentros nacionales de tutoría parecen mostrar que van en el camino correcto. Sin embargo, quizás su alcance y efectividad pueden ampliarse si se reconocen dentro de un ambiente mucho más complejo en donde la acción de los agentes universitarios debe moldearse en favor de los jóvenes.
