¡Ganó Citlali! Después de dos años y medio de lucha en tribunales, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor del derecho a la educación inclusiva de Citlali, una niña Mazahua de 9 años con Síndrome de Down.
Esta sentencia sienta un precedente importante, pues reconoce que revertir la exclusión que hoy viven millones de niñas, niños y jóvenes (NNJ), así como sus maestras y maestros, requiere de cambios sistémicos y transversales.
La inclusión se vive –o no– en la escuela, en la interacción entre personas, y en la educación, mucho depende de las actitudes y prácticas cotidianas en las aulas, así como en la dirección escolar.
Pero esto no quiere decir que debemos culpar a las y los docentes. Al contrario, el caso de Citlali deja en claro que el Estado tiene la responsabilidad de brindar a cada maestra, maestro, director, asesor técnico pedagógico y supervisor, una formación adecuada para la inclusión. Asimismo, establece que las autoridades educativas –federal y estatales– deben garantizar que cada escuela cuente con asesoría y acompañamiento de expertos en inclusión.
Esto no se garantizó para las y los maestros en la escuela de Citlali, como no se garantiza en decenas de miles de escuelas en el país. Transformar el sistema educativo en uno incluyente –tema de la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa, a presentarse por el Ejecutivo federal– exige al Estado asegurar la formación y los apoyos que las maestras y maestros necesitan para eliminar barreras para el aprendizaje y la participación y así poder responder a la diversidad de condiciones, necesidades e intereses de NNJ.
No es fácil transitar del papel a la realidad, y menos sin los recursos para poner en marcha acciones concretas. El proyecto de presupuesto para 2020 no prioriza la formación de las y los maestros. Justo cuando tenemos que invertir más en ellos como los principales defensores de la educación inclusiva desde las escuelas, quitamos recursos para su formación.
Si se aprueba el presupuesto tal como está, la inversión en las Escuelas Normales sería la más baja desde el siglo pasado; ¿cómo asegurar que todas y todos los futuros maestros tengan una preparación adecuada para la inclusión con un recorte de 41.5% en los recursos disponibles? La tendencia a la baja en el presupuesto se refleja desde hace unos años: por ejemplo, en 2016 fue cinco veces mayor al propuesto para 2020.
Además, se propone seguir recortando los recursos para la formación docente continua: 56% menos en 2020 que en 2019, y 84% menos que en 2018, dejando solamente 159 pesos por maestro para todo el año para ejercer su derecho constitucional a la formación continua. 159 pesos.
México es un país excluyente, y el sistema educativo refleja y reproduce esta exclusión. Si queremos cambiar esto, necesitamos transformar cómo gastamos. Hagamos todos un llamado a nuestras diputadas y diputados: gastar para la inclusión empieza con incluir a las y los maestros desde el presupuesto. #InviertanBien.
