Jennifer O’Donoghue
El sistema educativo en México no es para todos. Ya conocemos las cifras básicas: uno de cada tres jóvenes no llega a la Educación Media Superior, y dos de cada tres no aprenden lo que necesitan. Y la estadística es más brutal si la desagregamos un poquito: uno de cada dos jóvenes con discapacidad está fuera de la escuela; 83% de niñas y niños de educación indígena y 80% de comunitaria no desarrollan conocimientos básicos.
Están excluidos la mayoría de las niñas, niños y jóvenes (NNJ) en el país porque el sistema no brinda suficientes maestros de apoyo, no impulsa un currículum flexible, no otorga una infraestructura adecuada, no asegura que haya maestros que hablen su lengua, no confronta la discriminación que viven, no garantiza su seguridad (o la de sus maestros), y la lista sigue… La educación en México es excluyente porque no logramos eliminar las múltiples y variadas barreras para el aprendizaje y la participación –creencias, actitudes, políticas y prácticas– que las NNJ experimentan dentro y fuera de la escuela.
Pero estamos en un momento de decisión histórica. La propuesta de reforma al artículo 3º constitucional por primera vez establecería la inclusión como principio y criterio para la educación en México, “al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos”. Esto representaría un avance en nuestra comprensión del derecho a la educación incluyente. Sin embargo, el dictamen a punto de ser discutido en el Pleno de la Cámara de Diputados todavía no es adecuado. Omite establecer la obligación del Estado de eliminar cualquier barrera para el aprendizaje y la participación. Y aún más grave, elevaría a rango constitucional la educación especial, la cual –de conformidad con convenciones internacionales, así como la resolución de la SCJN– es incompatible con el derecho a la educación incluyente
Por esta razón, desde sociedad civil y órganos de defensa de derechos humanos, hacemos un llamado a pasar de una visión de inclusión que privilegia programas para atender a grupos marginados o con “necesidades educativas especiales” en modalidades discriminatorias y segregatorias a una más amplia, que establezca la responsabilidad de todos los componentes del sistema educativo de adaptarse a la diversidad inherente a cada persona, una #EducaciónSinBarreras.
Tener un sistema educativo incluyente no se logrará con la aprobación de una reforma. Pero sería negligente desaprovechar esta oportunidad para tomar el primer paso en el camino hacia la inclusión, estableciendo una definición adecuada desde la Constitución, así como la obligación de desarrollar una Estrategia Nacional para la Inclusión Educativa, basada en un diagnóstico riguroso, y una implementación gradual pero a su vez estricta que antepone el derecho a estar, aprender y participar en la escuela.
