En unas semanas más José Narro concluirá su segundo periodo como el jefe nato de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se pudiera decir que él y su antecesor, Juan Ramón de la Fuente, forjaron un grupo que navegó con éxito en los tiempos de la alternancia política. Tras los traumas de la revuelta de 1999-2000 —algo en mi conciencia se niega a llamarle movimiento estudiantil— estos rectores nivelaron las aguas en la UNAM, defendieron la autonomía, pero nunca dejaron de tener lazos con el gobierno, estuviera quien estuviese en la Presidencia.
Han sido 16 años de estabilidad relativa, de progreso en muchas zonas —de estancamiento en otras— y de recuperación del prestigio de la máxima casa de estudios del país. Una herencia con saldos innegables.
A pesar de que el cambio de rector es un asunto interno, por la importancia de la UNAM en el contexto nacional, es un tema de interés trascendente. La universidad nacional es tan importante que la sucesión no puede llevarse a cabo con suma discreción.
En ésta como en otras coyunturas de cambio de rector brotan muchos aspirantes. Hoy —salvo que surja algún caballo negro— dos candidaturas destacan con mayores posibilidades. La de Rosaura Ruiz Gutiérrez, directora de la Facultad de Ciencias, y la de Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, quien renunció a la subsecretaría de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el fin de competir por el puesto desde su posición de académico.
Con todo y que el concepto de autonomía universitaria se ha discutido con abundancia, no es una cuestión saldada. Hago referencia a tres autores que propusieron conceptos que son relevantes para el momento presente.
Eduardo García Máynez registró que el valor ético de la autonomía reside en que ésta no es sólo un derecho, sino un deber. Ergo las universidades y los universitarios deben ejercerla, “…, o, si se prefiere una expresión más técnica (la autonomía es), un derecho de ejercicio obligatorio”. Daniel Levy sostuvo que, a pesar de que las universidades públicas mexicanas dependen en más de 90% de subsidios gubernamentales, son autónomas porque ellas y no el gobierno fijan las cuotas de admisión, preparan y ejecutan los presupuestos y por décadas mantuvieron con éxito la práctica de no rendir cuentas sobre en qué y cómo gastaban sus recursos. Lo más importante, designan a sus jefes académicos y políticos.
El criterio fundamental para saber si una universidad es autónoma es cuestión de grado y no reside en conocer, por ejemplo, qué es el currículum, sino en saber quién decide lo que es. Levy arguyó que el gobierno podía tener ciertos márgenes de control sobre las universidades por medio de componendas, negociaciones secretas, amenazas indirectas o entendimientos tácitos. O, dicho en palabras de Imanol Ordorika, agentes del Estado o gobiernos concretos imponen límites a la autonomía, así como la acción de grupos internos.
Pronto llegarán los días cruciales. La Junta de Gobierno ejercerá la autonomía; tomará la decisión de quién será el sucesor de José Narro. Mas a fe mía que no lo hará cerrando los oídos a opiniones externas.
No descarto que el gobierno de Enrique Peña Nieto tenga interés que en la rectoría de la UNAM quede gente segura. Mas pienso que no intentará controlar la sucesión o siquiera a sugerir quién debe ser el rector. La junta ejercerá el deber ético de decidir con honorabilidad y prudencia, como dice la Ley Orgánica de la UNAM.
No me convence la dicotomía que plantean algunos de ver a Rosaura Ruiz como la candidata interna y a Sergio Alcocer como el candidato del gobierno. Ambos tienen carrera y méritos; ambos gozan de apoyos en la comunidad y de simpatías en el exterior. Los límites a la decisión de la junta se impondrán por los debates y las propuestas internas. En esta ocasión no hay espacio para componendas o negociaciones secretas. El gobierno no domina la dialéctica del control, diría Anthony Giddens.
Pienso que la sucesión se llevará con calma. La decisión de la junta hará felices a unos y desatará arrebatos de otros, pero se aceptará.
RETAZOS
La deuda de los rectorados de Juan Ramón de la Fuente y José Narro son los vándalos que ocupan espacios en la Facultad de Filosofía y Letras desde hace más de 15 años. Ni son estudiantes ni son de izquierda. Ese grupo también impone límites —y severos— a la autonomía. Ese es el punto más negro de un balance positivo. ¿Se atreverá el rector Narro a limpiar la casa antes de la mudanza?
