Hace una semana se publicó el decreto por el cual se reforman los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución. Ya empieza la cuenta regresiva para concretar lo que ahí se plasma como aspiración y guía para la transformación del sistema educativo: nuevas leyes, estrategias nacionales, políticas públicas y (ojalá) prácticas.
El avance en papel es un primer paso; las decisiones y acciones que tomemos en adelante son las que ayudarán –o no– a cerrar la brecha entre los derechos constitucionales y la oportunidad de niñas, niños, jóvenes y sus maestros, para ejercerlos.
No sorprende que el primer acto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con respecto al nuevo marco normativo fue la suspensión de los procesos para el ingreso, promoción y reconocimiento en el servicio docente.
No sólo fue esperado, respondiendo a una coyuntura política, sino estipulado en el transitorio segundo del mismo decreto: hasta que se emita la nueva ley reglamentaria, “queda suspendida cualquier tipo de evaluación”.
Sin embargo, este mismo transitorio establece que la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente (CNSPD) debe “proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados del Servicio Profesional Docente”.
Estos procesos incluyen los del ingreso, promoción y reconocimiento para los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020, para alcanzar el nombramiento definitivo, para la selección de asesores técnicos y técnico pedagógicos, y para la tutoría docente.
Al momento de escribir estas líneas, la CNSPD no ha cumplido con esta obligación.
No existen lineamientos claros y públicos para lo que sigue para las y los maestros, ni para las escuelas que esperan recibirlos. Podemos imaginar la situación que viven docentes que han esperado casi un ciclo escolar para recibir su nombramiento y que les haya sido cancelado el evento de asignación el jueves pasado; o la de maestras y maestros que se prepararon durante meses y dos días antes del concurso recibieron la noticia de “siempre no”; o la de funcionarios que ven interrumpidos sus esfuerzos para asegurar que haya suficientes asesores para llegar a todas las escuelas. El resultado ha sido lo que un secretario de Educación estatal resumió como “caos”.
Urge que la CNSPD publique, a la brevedad, los lineamientos, con un calendario preciso, para los procesos que ya se encuentran en marcha, para brindar claridad y certeza a las y los docentes y sustento jurídico formal a la actuación de las autoridades estatales y federales.
Hace apenas unos días se estableció el derecho de entrar y promoverse en el sistema educativo por medio de procesos “públicos, transparentes, equitativos e imparciales”.
El gobierno federal está frente a su primera oportunidad de demostrar a las y los docentes que sus derechos –ya elevados a rango constitucional– se respetan y se garantizan, no sólo en el futuro, sino también en el presente.
JENNIFER L. O’DONOGHUE
DIRECTORA GENERAL DE MEXICANOS PRIMERO
@JENNODJOD
