En educación, 2016 será intenso: la SEP anunció iniciativas que merecen atención de todos, especialmente del magisterio, el actor ausente, a tres años aún, del diseño y ejecución de los cambios. Han sido concebidos como materia inerte, y moldeable, sobre la que las autoridades experimentan sin evidencia que asegure la idoneidad educativa de sus acciones. No ha prevalecido la racionalidad técnica y sus tiempos de maduración, sino la premura derivada de un conjunto de leyes mal elaboradas.
Se espera alguna iniciativa en torno a la Ley General de Educación, orientada por la idea de poner a la “escuela en el centro”. Ya van más de tres años en que esta reforma ha tenido, como punto central, a la evaluación como sea: un proceso que debería ser muy cuidado porque sus consecuencias son profundas, se ha usado para hacer variar a fondo la administración del sistema, mediante la modificación de las condiciones laborales de los y las profesoras: son, ya, empleados en condiciones de precariedad laboral, bajo amenaza constante, luego de ser desprestigiados sin medida.
Se anuncia también la propuesta del nuevo modelo educativo, hurtando de la crítica noción de comunidades de aprendizaje, pues han operado bajo la idea de que las escuelas serán “de calidad” merced a la adición simple de profesores idóneos al ingreso y satisfactorios en su desempeño. La propuesta del avance en el conocimiento, como producto de ambientes de aprendizaje complejos, no ha sido su horizonte: de haberlo sido, la valoración de las condiciones escolares para aprender sería otra.
A esta reforma se aferra el gobierno federal como clavo ardiente pues —al menos en apariencia— será la que tendrá mejores indicadores de “éxito” de todas las que derivaron del Pacto. Tiene la coartada que habrá de mostrar, si acaso, resultados a largo plazo (cuando ya no estén sus impulsores), de lo que deriva que festinen los medios empleados, sobre todo el sometimiento a la evaluación como mecanismo de control, ¡misión cumplida!, sin que haya posibilidad temporal de considerar, en efecto, su impacto en mejorar la educación.
Uno de los puntos cruciales del año será la publicación de los resultados de la evaluación para la permanencia en el servicio. Si se tratara de una evaluación diagnóstica para orientar las líneas de mejora del magisterio, estaríamos en un escenario interesante y prometedor. No obstante, y pese a que ese es el discurso oficial, los datos del proceso rebasan el diagnóstico: implican clasificar a los docentes, imputando a sus personas, no al resultado de la examinación, un adjetivo con gran carga simbólica: eres satisfactorio o no, y si lo eres, puedes ser bueno o destacado. De no serlo, el epíteto es rudo: no sirves. Además, de hacer pública la ubicación, de cada quien, en esas categorías, la distorsión en la comunidad escolar, así estratificada, y el reclamo de los padres para que atiendan a sus retoños los destacados, generará problemas.
Hay un factor adicional: la evaluación del desempeño a través de tres dimensiones (evidencias de trabajo, conocimientos y planeación argumentada) aplicada por la SEP, y aprobada por el INEE, no contó con los procesos previos indispensables para ser válida y confiable. Es un instrumento inseguro del que derivan consecuencias no triviales. Si va usted a recoger el resultado de un estudio de laboratorio, confía en que los sistemas y aparatos funcionen bien, de tal manera que lo que determine hacer el médico cuente con bases sólidas. Si el instrumental para el diagnóstico no se ha sometido a prueba, pero de todos modos se decide intervenir y hacer, por ejemplo, una cirugía, al revisarlo puede resultar fallido. Ya (mal) operado, ¿se conformaría con el clásico: usted perdone? ¿Le bastaría saber que así es porque “estamos aprendiendo”? No lo creo.
Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México
Twitter: @ManuelGilAnton
