Fidel Ibarra López
Parto de un hecho: la grave situación financiera en que se encuentran 11 universidades públicas en México, las sitúa en una condición de debilidad política frente al gobierno federal. Condición que al parecer pretende aprovechar la Secretaría de Educación Pública a través de la SHCP para establecer un “cambio estructural” a las autoridades universitarias, el cual se traduce -según ha trascendido- en un “estricto programa de ‘disciplina financiera’. Condición que en su momento señaló el presidente López Obrador a propósito de las manifestaciones que se presentaron por parte de trabajadores universitarios de 24 universidades públicas en el mes de diciembre con respecto a la discusión del presupuesto del presupuesto público del 2020. En esa ocasión, el presidente señaló que las universidades tendrían que ser “austeras” en el 2020 y que se les iba a aumentar el presupuesto con base al porcentaje de la inflación del 2019; esto es, que no se les iba a dar más presupuesto. Tienen que ajustarse con lo que hay.
Ahora bien, y esta es la parte sustantiva, el cambio estructural que se está planteando, no se está circunscribiendo a la parte de la austeridad financiera. Hay visos de que se pretende tener el control político de las universidades. Al menos esa lectura es lo que deja lo siguiente: en los Congresos Locales de Baja California Sur y Sinaloa se tienen iniciativas para modificar la Ley Orgánica de las universidades. En ambos Congresos Locales, Morena tiene mayoría. Y hay quien afirma, que lo mismo ocurre en el resto de los Congresos Locales donde Morena tiene mayoría. En el caso de Baja California Sur, se prendieron los focos rojos debido a que se presentó una iniciativa con la cual se pretendía modificar el método de elección del Rector. La iniciativa, a decir del Rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Gustavo Cruz Chávez, no se sometió a consulta de la comunidad universitaria, pero aún así fue asumida por Morena y se intentó aprobar en el Congreso. Por ese motivo, la atención política se centró -de parte del resto de las universidades públicas del país- en la universidad bajacaliforniana.
La sorpresa se presentó en la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), donde gobierna el panista Antonio Echavarría García. Este mandatario propuso una reforma a la Ley Orgánica de la institución donde, entre otras cosas, se reformaba el método de elección de rector. Integrando para tal efecto, el voto universal en la universidad; asimismo, se creó “el Consejo de Elección, cuyos integrantes serán el presidente del Patronato, cuatro coordinadores de áreas académicas de la Universidad, cinco integrantes de los Consejos de las Áreas Académicas, cinco directores de Unidades Académicas de Educación Superior, cinco investigadores con reconocimiento vigente del Conacyt, cinco alumnos de Academias de Educación Superior y un Notario Público con derecho a voz” (El Universal, 9 de enero del 2020). La ANUIES ha demandado al gobernador que se derogue esa reforma a la Ley Orgánica de la UAN, puesto que (otra vez) no se tomó en consideración a la comunidad universitaria.
Aunado a lo anterior, la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) y sus organismos federados ANASPAU y ANSAU, denuncian una situación de acoso en contra de instituciones de educación superior que se manifiestan a través de “auditorias ocurrentes” o en modificaciones a las Leyes Orgánicas Universitarias. Lo anterior, se afirma, tiene como propósito “intervenir en las decisiones que única y exclusivamente corresponden a la comunidad universitaria” y que de paso se “viola la Autonomía de las Universidades Públicas”. Se cita el caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la cual se afirma, está padeciendo una acometida de parte del Congreso a través de una auditoria.
A esta situación, se agrega la falta de entrega de los recursos federales para el pago de la nómina en las universidades públicas, pese a que ya se tiene aprobado un presupuesto público. En esta situación se tiene, por ejemplo, a la Universidad Michoacana, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad Autónoma de Sinaloa.
¿Por qué tenemos este escenario con la Universidades Pública en México? ¿Hay un proyecto político detrás de todo esto? ¿O es una medida de presión (solamente) para que las universidades públicas modifiquen su actuar en materia financiera? No nos parece que sea así. No es solamente un asunto de “austeridad financiera”. Si fuera ese el caso, no se estaría buscando reformas las Leyes Orgánicas de las universidades públicas. Además, en algunas universidades están previendo que se avecinan presiones para que se modifique el Contrato Colectivo de Trabajo.
El gobierno federal tiene que explicar “abiertamente y con claridad” a qué se refieren con eso que denominan “cambio estructural”. Y lo deben de explicar, porque la percepción que se está generando es que la 4T va por el control político de las universidades públicas.
En vías de mientras, la atención se centra en la Universidad Autónoma de Nayarit. Ya se ha manifestado el respaldo a la institución por parte de 21 instituciones de educación superior. Se demanda que se derogue la reforma a la Ley Orgánica. Y se entiende el respaldo. Si se mantiene esa reforma en pie, el ejercicio se puede replicar en otros Congresos Locales. Ahí está el riesgo.
Vaya situación.
Para cerrar, dejamos entonces las siguientes preguntas en el tintero: ¿Qué significa eso de “cambio estructural”? ¿Hacia dónde va ese “cambio estructural? Y, sobre todo, ¿qué implicaciones tendrá para las universidades públicas en México?
