La semana pasada, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación dio a conocer su primer programa anual de trabajo. Es un documento extenso, con un marco de referencia que reitera los fundamentos legales y los principios que deben guiar a la evaluación educativa. De la páginas 11 a la 15 está el meollo de la cuestión. En un abigarrado cuadro, el INEE identifica más de 20 áreas riesgosas por donde se pueden colar las chapuzas. Las agrupa en las plazas a concurso, las convocatorias, la aplicación, el procesamiento de los datos, la adjudicación de plazas y en la formación continua y el desarrollo profesional.
También propone instrumentos para mitigar (parece imposible que al menos en las primeras aplicaciones se pueda evitar por completo) que esos riesgos se conviertan en crisis. La pura enumeración de esas zonas significa que el INEE hace un trabajo de detalle en la formulación de instrumentos. Pero su Junta de Gobierno no tiene poder para eliminar hábitos y costumbres patrimonialistas que tienen décadas de sedimentación y están arraigadas en las prácticas sindicales.
La primera ventana que se abre para la estafa se encuentra en las convocatorias, por la falta de claridad respecto a lo que se desea o por favorecer perfiles únicos que generan inequidad. La otra portilla se abrirá en el momento de la aplicación de las pruebas a los docentes. Se corre el peligro de que el personal responsable de la aplicación concentre poder y se convierta en juez y parte.
En la adjudicación de plazas, el INEE plantea un discurso diáfano: “Algunos gobiernos estatales o autoridades educativas locales pueden hacer arreglos por fuera de la ley con los sindicatos, continuando con las prácticas de adjudicación tradicionales de las plazas vacantes, consideradas por los sindicatos como propias”. Además, existe la “posibilidad de que en algunas entidades federativas no realicen el concurso”.
Ya se sabe que en Oaxaca y Michoacán, la Coordinadora de Nacional de Trabajadores de la Educación se opondrá con todo su poder (que no es poco) a los concursos y que insistirá en que las plazas se asignen por las formas tradicionales, a pesar de que la Ley General del Servicio Profesional Docente ya derogó en la práctica el reglamento de las condiciones generales de trabajo de la SEP, que facultaba a los sindicatos a otorgar las “plazas de su propiedad”. Pero el mundo no pinta mejor en los estados, donde predomina la corriente institucional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ésta ha colonizado el gobierno de la educación básica, no quiere soltar prenda.
La diferencia entre la CNTE y la corriente dominante en el SNTE es que la primera actúa de manera abierta, su oposición es vociferante y hasta violenta, pero franca. Los agentes de Díaz de la Torre se ocultan en la discreción, son hipócritas, hablan de apoyo a las reformas, mientras las boicotean con acomodos bajo del agua. Reforma advirtió que este señor ya firmó acuerdos con 12 gobiernos estatales con el fin de mantener la costumbre de asignar plazas con base en el trabajo sindical, no con fundamento en el mérito. Y así favorecer que los dirigentes distribuyan prebendas.
Las herramientas que define el INEE para aminorar los riesgos pueden funcionar, pero no depende del instituto, ni siquiera de la SEP, su andar corresponde a las autoridades locales. Y es allí donde el diablo hace de las suyas; la colonización es un fenómeno que le resta capacidades a las autoridades. Los gobernadores no quieren pleitos con el SNTE, así que les es más fácil darle el avión al gobierno federal (la frase me la dijo un exsecretario de Educación estatal).
No son pocas las voces que repiten que la reforma se puede estancar, que las autoridades se quieren echar para atrás, que el gatopardo ronda por la SEP y el INEE. Me parece que se equivocan.
No meto las manos a la lumbre por nadie. Pero me parece que el papel de las fuerzas y personalidades que abogan por una reforma democrática y equitativa es apoyar que los exámenes se realicen y pasen la prueba del ácido del primer año. Debemos ser vigilantes celosos, sí, pero este es el momento de empujar a la SEP y al INEE a que hagan su trabajo lo mejor que puedan con el fin de derrotar a los chapuceros. ¡No debe haber marcha atrás!
*Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana
Publicado en Excélsior
